Documentos judiciales revelan que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) negoció un intercambio ilícito de armas por cocaína con Antoine Kassis, primo segundo del exdictador sirio Bashar al-Asad, al mismo tiempo que mantenía diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. En esta operación, figuras clave del ELN como Alirio Rafael Quintero Quintero, conocido como “Ramsés” o “Rafa”, y Wisam Kherfan Okde, alias “Plumita” o “Simón”, coordinaron la logística de transporte, rutas internacionales y el lavado de activos mediante cuentas bancarias y criptomonedas. Los acercamientos comenzaron en abril de 2024, con transferencias previas en febrero de 2023 y abril de este año, en medio de un contexto marcado por un ataque con cilindros bomba en Arauca en septiembre de 2024 que dejó dos militares muertos y 25 heridos, y la posterior caída del régimen de Asad en diciembre de 2024.
La red operaba desde Líbano, donde residía Kassis, extendiéndose a Colombia, Nairobi en Kenia —donde fue capturado en el hotel Windsor—, Ghana y Marruecos. Los intercambios se gestionaban a través de mensajes y la conversión de fondos a criptomonedas para su distribución por intermediarios internacionales. Kassis enfrenta juicio en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia bajo el Caso N°1:25-CR-51, con una sentencia prevista para el 2 de julio que podría implicar una mínima de 20 años de prisión o incluso cadena perpetua por conspiración de narcoterrorismo y proveer recursos a una organización terrorista extranjera. Quintero y Kherfan, capturados en Colombia, se encuentran en el pabellón de extraditables de La Picota en Bogotá, donde impugnan su entrega a Estados Unidos alegando montajes de la DEA; la extradición de Kherfan ya fue aprobada para noviembre de 2025, mientras que la de Quintero sigue pendiente.
Transferencias millonarias y nexos criminales persistentes
Las transacciones ascienden a 1.081.579 dólares, equivalentes a unos 3.968 millones de pesos, en un esquema que incluye tráfico de cocaína camuflada en exportaciones de ganado hacia Líbano, Egipto e Irak. Esta revelación surge mientras la mesa de paz con el ELN estaba congelada unilateralmente por la guerrilla, alegando incumplimientos del gobierno, pero sin cortar sus nexos con redes criminales como Hamas, Hezbolá y el cártel de Sinaloa. El ELN, con alrededor de 6.000 combatientes activos en regiones como Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Arauca y Antioquia, representa un desafío persistente para la seguridad de Colombia y la región. Los documentos del caso estadounidense y los judiciales colombianos, ahora accesibles, exponen cómo la guerrilla mantenía estas operaciones pese a los diálogos, subrayando la urgencia postataque en Arauca y las conexiones globales que complican los esfuerzos por la paz.
Este escándalo no solo cuestiona la sinceridad de las negociaciones de paz, sino que destaca la necesidad de una mayor vigilancia internacional ante las alianzas del ELN con actores transnacionales, en un momento en que el grupo armado sigue activo en zonas estratégicas del país.
