La violencia atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia escaló en 2025 a su nivel más alto en más de dos décadas, registrando 471 eventos violentos según el informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), cifras no vistas desde el año 2001. Este repunte se documentó a lo largo de todo el año en territorio nacional y se explica principalmente por el fin del cese al fuego bilateral en agosto de 2024, tras un periodo transitorio de reducción de hostilidades.
Los datos del Cerac revelan un incremento del 86 por ciento en los eventos violentos totales respecto a 2024, con 348 ataques sin enfrentamiento directo que aumentaron un 94 por ciento en comparación con los 179 del año anterior, y 139 combates que subieron un 89 por ciento. En cuanto a las muertes relacionadas, se contabilizaron 221 víctimas, un 70 por ciento más que las 130 de 2024, distribuidas en un 28 por ciento de civiles, 27 por ciento de miembros de la fuerza pública, 23 por ciento de otros grupos armados y 22 por ciento de integrantes del ELN. Los civiles fallecidos casi se triplicaron frente a 2024, alcanzando el máximo desde 2003 con 144 casos, mientras que las muertes en la fuerza pública se duplicaron, el pico más alto desde 2014.
Regiones más afectadas y confrontaciones intensas
Las acciones del ELN se concentraron en regiones como Arauca, El Catatumbo, el oriente del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño, así como el norte y centro del Cauca. Allí, el grupo protagonizó confrontaciones no solo contra la fuerza pública, sino también contra otros actores armados, incluyendo el Clan del Golfo y disidencias de las Farc como las frentes 33, 18, 36, Décimo, 28, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño de Iván Mordisco. Desde marzo de 2025, los combates alcanzaron cerca de 150 anuales, un nivel similar al registrado en 2007 con 168 enfrentamientos.
Este auge contrasta con la disminución temporal de la violencia observada entre 2022 y 2023, así como durante el cese al fuego bilateral que se extendió de agosto de 2023 a agosto de 2024. Sin embargo, el incremento había iniciado desde marzo de 2023 y se mantenía constante desde agosto de 2021, salvo por ese paréntesis. El informe del Cerac subraya el impacto severo en la población civil y la fuerza pública, representando un retroceso significativo en los indicadores de seguridad del país.
