El Ejército de Liberación Nacional, ELN, publicó este martes nuevas pruebas de vida de cuatro secuestrados y anunció un juicio revolucionario con penas de tres a siete años, alegando estancamiento en las negociaciones con el Gobierno de Colombia. Los capturados, identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General, junto con Jordín Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, patrullero y subintendente de la Dijín y la Policía Nacional, respectivamente, figuran en el comunicado de la guerrilla. La organización señala que la nueva prueba de vida se difundió el 20 de octubre de 2025 y que los secuestros ocurrieron el 8 de mayo de 2025 en Fortul y el 20 de julio de 2025 vía la ruta Tame–Arauca, antecedentes que se acompañan de un video previo difundido el 31 de agosto de 2025; en ese marco, los cuatro podrían enfrentar un juicio revolucionario con derecho a correspondencia familiar y, de acuerdo con el ELN, la privación de la libertad podría superar los tres años de duración previstos.
Entre los datos clave se destacan además que Pacheco Oviedo acumula 26 años de servicio en la Fiscalía, lo que aporta una dimensión personal y profesional al caso. El comunicado del ELN insiste en una postura de justicia diferenciada para los capturados y mantiene la promesa de salvaguardar la vida de los cuatro, a la vez que señala que la vía de negociación con el Gobierno Nacional enfrenta un estancamiento prolongado. El contexto se enmarca en antecedentes de secuestros ocurridos en Arauca y en un intento del ELN por obtener mediación internacional y apoyo de la Iglesia Católica, planteamientos que ya habían quedado expuestos en un video anterior.
Contexto y repercusión de la nueva prueba de vida
La publicación de nuevas pruebas de vida y el anuncio de un juicio revolucionario ocurren en medio de una serie de secuestros en la región de Arauca. Los hechos incluyen capturas ocurridas el 8 de mayo de 2025 en Fortul y el 20 de julio de 2025 a través de la ruta que conecta Tame y Arauca, además de un video de presentación de estas condiciones difundido el 31 de agosto de 2025. Con estas acciones, el ELN incrementa la presión sobre las autoridades y reabre el debate sobre la posibilidad de acuerdos humanitarios y una justicia diferenciada para los capturados, mientras persiste la negociación entre las partes y se intensifica la atención humanitaria ante la situación de los cuatro detenidos.
«Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Frankin Sley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia de Jimbo, Bogotá pasarán a un juicio revolucionario donde podrán recibir penas de prisión de 3 a 7 años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar». – ELN, Frente de Guerra Oriental
La declaración del ELN no solo apunta a la estructura de los cargos y las posibles sentencias, sino que además expone una revisión de sus condiciones de conflicto: propone una justicia diferenciada para los capturados y ofrece acuerdos humanitarios en caso de prisioneros, una postura que el Gobierno deberá sopesar frente a la presión internacional y la responsabilidad humanitaria. En el ámbito humano, las declaraciones de los detenidos, como la de Pacheco Oviedo en las que indica problemas de salud y la necesidad de asistencia, subrayan la urgencia de respuestas que permitan salvaguardar la salud y la dignidad de las personas afectadas, especialmente ante el antecedente de largas trayectorias en la función pública de algunos de los capturados.
