Los sistemas antidrones de la fuerza pública colombiana han quedado obsoletos frente a la nueva táctica empleada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, que utilizan drones controlados por fibra óptica para evadir los bloqueadores de señal tradicionales. En un ataque perpetrado el 16 de enero en la vereda Palmeras, zona rural de Tibú, en el Norte de Santander, contra el Batallón de Despliegue Rápido N° 9, estos artefactos causaron la muerte del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira en el Valle del Cauca, e hirieron a otras cuatro personas que fueron trasladadas a un centro asistencial en Cúcuta.
Esta incursión resalta la creciente sofisticación de los grupos armados en regiones como Catatumbo, Cauca y Arauca, donde los drones operan cambiando de canal de comunicación durante el vuelo, independientes de las frecuencias de radio convencionales, lo que amplía su rango de acción y complica la localización de los operadores. Los bloqueadores actuales de la fuerza pública, incluyendo Ejército y Policía, solo logran interferir una señal a la vez, dejando vulnerable la defensa ante esta innovación que neutraliza sus capacidades.
Una ventaja operativa clave para el ELN y disidencias
El cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, conocido como alias Caballo de Guerra, y previamente alias Drácula, quien estaba a cargo de la logística hasta su captura a fines de 2025, lideran el uso de esta tecnología presuntamente importada desde Europa, económica y con menores restricciones de comercialización. Reportes de Infobae Colombia, basados en fuentes consultadas y hallazgos de restos de fibra óptica en copas de árboles en zonas selváticas, confirman cómo estos dispositivos otorgan una superioridad operativa a los grupos armados, evidenciando la ineficacia de los sistemas antidrones adquiridos recientemente por la fuerza pública para contrarrestar explosivos lanzados desde el aire.
El Ejército rechazó de manera categórica el ataque del 16 de enero como una violación flagrante de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y dispuso apoyo inmediato a la familia del soldado fallecido. La presencia continua de estas estructuras en Catatumbo genera enfrentamientos constantes, avivando preocupaciones por la seguridad nacional, la necesidad urgente de actualizar la tecnología antidrones y hasta impactos ambientales derivados del despliegue de estos aparatos en entornos selváticos.
