El Tribunal Superior de Medellín, a través de un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz, ordenó medidas cautelares sobre los 18 inmuebles que conformaban el Parqueadero Padilla, ubicado en Medellín. La decisión, anunciada el pasado 23 de junio, fue materializada ese mismo día por servidores del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes impusieron embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre estos bienes, que quedan a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. La solicitud de estas medidas fue presentada por la Fiscalía, que ha investigado durante años el uso de este predio como centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
El origen de la investigación se remonta al 30 de abril de 1998, cuando investigadores del CTI realizaron un allanamiento en el predio con la sospecha de que allí se fabricaban uniformes para grupos paramilitares. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más revelador: documentos contables, registros financieros, equipos informáticos, organigramas de las ACCU, cuentas bancarias, documentos de empresas privadas y listados de aportantes. Este material evidenció que el Parqueadero Padilla operaba como un centro financiero y logístico de las ACCU, donde se administraban recursos, se pagaba nómina y se sostenía la expansión territorial de la organización. Según la Fiscalía, este centro habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil, líderes del grupo paramilitar.
El valor total de los 18 inmuebles, que resultaron de una división material del predio original, asciende a cerca de 18.000 millones de pesos, según informó la Fiscalía en un comunicado oficial. En el documento, la entidad señaló que “impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos. El predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes”. Además, detalló que los predios corresponden al lugar donde, el 30 de abril de 1998, se realizó el allanamiento que permitió descubrir la estructura financiera de las ACCU.
“Los predios corresponden al lugar en el que, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un sitio donde, presuntamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares. Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Asimismo, se determinó que ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil”.
Fiscalía General de la Nación, comunicado oficial
Esta decisión judicial representa un hito en el proceso de justicia transicional, ya que durante años los inmuebles del Parqueadero Padilla no habían sido objeto de medidas de extinción de dominio, pese a las contundentes evidencias encontradas en 1998. Ahora, con las medidas cautelares impuestas, los bienes quedan bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas mientras avanza el proceso de extinción de dominio, lo que abre la posibilidad de que sean destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano. La Fiscalía continúa investigando el alcance de la red financiera de las ACCU, que según diversos trabajos periodísticos y académicos, como los de Vorágine, Verdad Abierta y Rutas del Conflicto, fue clave para entender la estructura económica de los grupos paramilitares en el país.
