La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes avaluados preliminarmente en más de 7.300 millones de pesos, presuntamente adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico por Valentina Forero Álvarez, quien fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia, Quindío, y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025 para enfrentar cargos por lavado de activos. Estos bienes incluyen seis inmuebles ubicados en Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí, en el Valle del Cauca, tres vehículos y tres establecimientos de comercio, todos ordenados por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
Los bienes figuraban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas cercanas a Forero Álvarez, quienes carecían de capacidad económica para su adquisición legal, como parte de una estrategia de testaferrato destinada a ocultar el origen ilícito de los recursos y su inserción en el sistema económico formal. Estos activos estarían vinculados a movimientos financieros en Estados Unidos por cerca de 2,9 millones de dólares entre junio de 2022 y abril de 2023, derivados del lavado de dinero para una red internacional de tráfico de clorhidrato de cocaína enviada desde Colombia hacia otros países.
Proceso autónomo contra el crimen organizado
La captura de Valentina Forero Álvarez en Armenia se dio gracias a la cooperación internacional, y actualmente enfrenta procesos penales en Estados Unidos por lavado de activos, mientras que en Colombia el procedimiento de extinción de dominio se adelanta de manera autónoma e independiente de cualquier juicio penal local o extranjero. Esta acción busca quitarle músculo financiero a las organizaciones criminales, desarticulando sus estructuras económicas alimentadas por el narcotráfico.
Con esta medida, la Fiscalía refuerza su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, asegurando que los bienes presuntamente ilícitos queden fuera del alcance de sus dueños aparentes y contribuyan eventualmente al patrimonio público, en un esfuerzo continuo por combatir el lavado de activos y el tráfico de estupefacientes que afectan la seguridad y la economía del país.
