La Defensoría del Pueblo ha identificado al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, comandado por el alias Iván Mordisco, como el principal responsable del 43,4 por ciento de los 325 casos de reclutamiento forzado de menores reportados en Colombia durante 2025, según un informe citado por El Espectador. Esta cifra equivale a 141 casos atribuidos directamente a este grupo, con una concentración alarmante en el departamento del Cauca, donde se registraron 156 incidentes, casi la mitad del total nacional.
Entre las víctimas predominan los niños indígenas, que representan el 56 por ciento de los casos, seguidos por el 38 por ciento sin reconocimiento étnico específico y el 6 por ciento de población afrocolombiana. En cuanto al género, el 58 por ciento corresponde a varones y el 42 por ciento a niñas. Otros grupos armados también figuran en las estadísticas: estructuras sin identificar acumulan el 19,4 por ciento, disidencias no especificadas el 12,6 por ciento, el ELN el 9,5 por ciento, el Clan del Golfo el 6,5 por ciento, la EMBF el 5,5 por ciento y la Segunda Marquetalia el 2,5 por ciento. Fuera del Cauca, los departamentos más afectados incluyen Antioquia con 26 casos, Chocó con 22, Huila con 16, Nariño con 14, Valle del Cauca con 11 y Norte de Santander con 11. Los meses de mayor incidencia fueron abril con el 13 por ciento, junio con el 11 por ciento, octubre y noviembre con el 5 por ciento cada uno, y diciembre con solo el 2 por ciento.
Persistencia del reclutamiento pese a procesos de paz
Esta práctica sistemática se mantiene en regiones de alta conflictividad y baja presencia estatal, evidenciando las dificultades del Gobierno para proteger a la infancia en territorios disputados por grupos armados ilegales, a pesar de los avances en procesos de paz con estructuras como el Clan del Golfo y la EMBF. El informe de la Defensoría del Pueblo resalta la vulnerabilidad particular de las comunidades indígenas del Cauca, donde el reclutamiento ha impactado de manera desproporcionada a la niñez, reflejando un patrón constante a lo largo de 2025 con una leve tendencia descendente hacia el final del año.
La situación subraya la urgencia de fortalecer la presencia institucional en estas zonas para erradicar esta violación de derechos humanos que persiste como una amenaza latente para miles de niños y niñas en Colombia.
