El Secretariado Central del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc-EP notificó mediante una carta emitida el 18 de febrero de 2026 restricciones al acceso de la misión de verificación de la ONU, la Mapp-OEA y la Defensoría del Pueblo a los territorios donde opera política y militarmente. La misiva, publicada en la cuenta de X @Pueblo_Dignidad, permite únicamente la entrada del Comité Internacional de la Cruz Roja bajo condiciones estrictas, alegando un quiebre de confianza por graves violaciones a la neutralidad de estas organizaciones, lo que ha derivado en operaciones militares contra la estructura guerrillera.
Esta decisión del EMC, facción disidente de las Farc surgida tras los Acuerdos de Paz, refleja un desconocimiento alegado del derecho internacional humanitario por parte del Estado y las entidades mencionadas. Néstor Rosanía, abogado y especialista en seguridad y defensa nacionales, analizó el panorama señalando que el control y la disputa territorial entre grupos armados y el Estado persisten desde hace más de setenta años, sin un control territorial real por parte del gobierno colombiano, que mantiene la obligación constitucional de combatir a estas estructuras.
Consecuencias para los derechos humanos y la población civil
La restricción implica una pérdida de vigilancia internacional, lo que invisibiliza violaciones a los derechos humanos como el reclutamiento de menores y las masacres, dejando a la población civil atrapada en medio de enfrentamientos. Rosanía enfatizó que estas misiones no pueden ser declaradas objetivos militares, ya que su rol es documentar violaciones a los derechos humanos y construir el imaginario de soberanía en esas zonas.
«El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares tienen la lógica de seguir combatiendo. Puede ser que en un momento no puedan combatir a un cabecilla porque hay una orden de captura levantada, pero al resto de la estructura se sigue combatiendo común y corriente.»
Néstor Rosanía, abogado y especialista en seguridad y defensa nacionales
El experto también destacó la continuidad de esta problemática más allá de los gobiernos: tanto en administraciones de izquierda como la de Petro como en las de derecha como la de Duque, el control de estos grupos armados ha sido una constante. Como corresponsal en zonas de conflicto, Rosanía relató la sensación de que la guerra se ideologizó y politizó entre izquierda y derecha, pero en los territorios, la población civil paga las consecuencias, necesitando sobre todo vivir en paz sin que les recluten a sus hijos.
«Tanto en gobiernos de izquierda, como el de Petro, como en gobiernos de derecha como el de Duque, el control de estos grupos armados ha sido la constante.»
Néstor Rosanía, abogado y especialista en seguridad y defensa nacionales
En este contexto, el EMC acusa directamente de «graves violaciones a la neutralidad» a las misiones restringidas, lo que agrava la situación humanitaria en regiones donde la disputa territorial se arrastra por más de siete décadas, complicando cualquier avance hacia la paz efectiva.
