La declaración de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 1390, ha generado una profunda división en la cúpula del Congreso de Colombia, particularmente entre el presidente del Senado, Lidio García del Partido Liberal, y el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López de La U. Mientras García convocó sesiones extraordinarias para el próximo 26 de diciembre con el fin de examinar rigurosamente los decretos adoptados, López respaldó la medida presidencial argumentando la necesidad de herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales. Esta tensión se agudiza con la anunciada proposición del senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, en un contexto de fracaso de la reforma tributaria 3.0 rechazada por las comisiones económicas del Senado, que buscaba recaudar 16,6 billones de pesos, además de obligaciones fiscales adicionales por 3,7 billones y una emisión de deuda de 23 billones.
El Senado, inicialmente citado para discutir ascensos militares y policiales el 26 de diciembre, ahora se centrará en el control político a la emergencia económica, impulsada por la caída en los precios del petróleo y el carbón, el rechazo previo a la ley de financiamiento y la política monetaria del Banco de la República. Petro ha responsabilizado directamente al Congreso y a la directiva del banco por la insostenibilidad de la deuda pública, comparándola con la situación de una familia empobrecida por salarios insuficientes y el alza en los intereses de sus deudas. Entre los impactos destacan los pagos omitidos en el sector salud para 2025, que ascienden a 20 billones de pesos, de los cuales 15 billones serán cubiertos con presupuesto público, y subsidios de Finagro que superan los 400 millones de pesos, criticados por el mandatario como beneficios para los «megarricos».
Voces divididas en el Capitolio
Las declaraciones en redes sociales han avivado el debate, con García defendiendo la autonomía legislativa al afirmar que el Congreso no se subordina y examinará los decretos con rigor. Por su parte, López cuestionó la negación de herramientas ante riesgos sociales que dejarían a la población desprotegida. El presidente Petro, en tanto, instó al gobierno a actuar con sensatez a través de la emergencia para continuar el progreso nacional, advirtiendo que de no ser avalada por la Corte Constitucional tras la vacancia judicial en enero, el horizonte se tornaría oscuro y el país podría entrar en crisis económica.
«El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta»
Lidio García, presidente del Senado
«Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola»
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes
Petro también felicitó a la Corte por no convocar sesiones extraordinarias «ilegales» solicitadas por los grandes empresarios tras recibir subsidios que engrosan sus fortunas sin trabajar, subrayando que la revisión constitucional determinará si Colombia sigue su ruta de recuperación o vira hacia la crisis. Este escrutinio en el Congreso y la Corte marca el inicio de un intenso debate que podría redefinir las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio de la delicada situación fiscal del país.
