La presencia del controvertido contratista Emilio Tapia en una fiesta exclusiva organizada por Old Parr durante el reciente Festival Vallenato en Valledupar desató una fuerte polémica en redes sociales, justo después de que el Ministerio de Transporte, liderado por la ministra María Fernanda Rojas, emitiera una alerta sobre presuntos intentos indirectos de su participación en licitaciones públicas a través de consorcios y empresas intermediarias. La imagen de Tapia conversando amigablemente con congresistas en el evento privado fue difundida por la periodista Johana Fuentes en su cuenta de X, lo que avivó las críticas ante los antecedentes judiciales del empresario.
La alerta del Ministerio se originó en una revisión de la licitación para el proyecto vial La Llanada-Sotomayor, donde se detectó que una empresa relacionada con Tapia, inhabilitada y en liquidación judicial, figuraba en un consorcio participante. Esto se suma a al menos cuatro procesos de licitación similares donde se han identificado intentos de intervención indirecta. Fuentes reveló que Tapia asistió a la fiesta por invitación de su pareja sentimental, pero su aparición generó indignación en sectores que cuestionan su presencia social pese a su historial.
Antecedentes de corrupción y respuesta oficial
Emilio Tapia está vinculado al escándalo del “Carrusel de la contratación” en Bogotá y fue condenado en el caso de los Centros Poblados por irregularidades en un contrato de conectividad rural. En respuesta a las acusaciones, el contratista presentó una denuncia ante la Fiscalía por el uso no autorizado de su nombre y trayectoria empresarial. El Gobierno, por su parte, emitió directrices a entidades estatales para revisar procesos de contratación y evitar la participación indirecta de estructuras con antecedentes de corrupción.
“Varios lo saludaban como si nada hubiera pasado, porque en este país no existe la sanción social ni la vergüenza”
Johana Fuentes, periodista
“Niego de manera expresa, categórica y enfática la veracidad de las imputaciones que han sido puestas en circulación pública, por cuanto las mismas carecen de sustento probatorio y desconocen actuaciones previamente adelantadas por mí ante las autoridades competentes”
Emilio Tapia, contratista
Tapia también denunció que, presuntamente y de manera maliciosa, habrían utilizado su nombre, trayectoria empresarial, experiencia contractual y soportes documentales de su compañía, a pesar de conocer la imposibilidad jurídica de su participación. La reacción en redes sociales y diversos sectores del país pone de manifiesto el debate sobre la accountability de figuras públicas con pasivos judiciales, en un contexto donde el Ministerio de Transporte busca blindar los procesos licitatorios contra influencias indebidas.
