Las centrales obreras exigen un incremento de dos dígitos para el salario mínimo de 2026 y la mesa tripartita inicia formalmente sus trabajos el 1 de diciembre, con una proyección que sitúa el aumento en torno al 10 por ciento, con la posibilidad de superar ese porcentaje si se incluye el transporte. En ese escenario, el salario mínimo quedaría en 1.565.850 COP sin transporte o alrededor de 1.800.000 COP si se contemplara el transporte, frente al salario mínimo actual de 1.423.500 COP.
La negociación se enmarca en la Comisión de Concertación, integrada por trabajadores, empresarios y Gobierno, y contará con la participación de Fabio Arias, presidente de la CUT, Armando Benedetti, ministro del Interior, Andrés Sanguino, ministro de Trabajo, Fenalco, Andi y Acopi. Fenalco ya anunció que no participará en la negociación; Andi y Acopi asistirán, expresando preocupación por la presión para que el aumento se ubique alrededor del 11%. El ministro Benedetti dejó constancia el 5 de noviembre de que la discusión formal arrancaría el 1 de diciembre y que las propuestas formales deben presentarse como máximo el 15 de diciembre. Si no hay acuerdo, las salvedades deben entregarse en las siguientes 48 horas, y el objetivo es lograr un consenso antes del 30 de diciembre. En caso de no cerrarse un pacto, el Presidente fijará el salario mínimo conforme a la inflación, la productividad, el PIB y el IPC, de acuerdo con el marco legal vigente.
La ruta de la negociación: fechas, metodología y actores forman un pulso clave para 2026
La mesa tripartita discutirá una metodología que combinará la inflación real y proyectada con la Productividad Total de los Factores, o PTF, respaldada por datos del Dane, y con la posibilidad de realizar reuniones bilaterales si la negociación colectiva no avanza lo suficiente. Este marco técnico se combina con el calendario legal y político vigente, que establece el plazo para presentar propuestas formales hasta el 15 de diciembre y el objetivo de alcanzar un consenso antes del 30 de diciembre, con la posibilidad de salvedades si no hay acuerdo en las siguientes 48 horas. El contexto económico actual, marcado por la expectativa de mejoras en el poder adquisitivo y su efecto en consumo, formalidad y costos laborales, impulsa la corriente de las centrales para buscar un aumento de dos dígitos, mientras que los sectores empresariales muestran reservas ante presiones elevadas.
«hacer incrementos salariales más significativos» – Fabio Arias, presidente de la CUT
«Desempleo», «inflación desbordada» o un deterioro en la actividad económica no se han cumplido – Fabio Arias, presidente de la CUT
La noticia, que llega desde la sede de la Comisión de Concertación y desde los actores nacionales, adquiere un matiz especial para La Veintitrés Manizales: el resultado definirá el poder adquisitivo de los trabajadores y podría influir en el gasto, la formalidad y los costos laborales en ciudades intermedias y regiones, donde las repercusiones de un ajuste significativo se traducen en dinámicas de consumo y en la forma en que las empresas planifican sus recursos humanos. Si no se logra un acuerdo, la negociación será sustituida por la decisión presidencial, basada en un cálculo que pondera inflación, productividad, PIB y IPC, una posibilidad de gran impacto en el panorama económico regional y nacional.
