El empresario Osvaldy Ruiz Duque, propietario de Motorblue, denunció a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por ordenar el desalojo total de personas, bienes y animales en un predio arrendado de 3.600 metros cuadrados ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. La notificación, entregada antes de Semana Santa, da un plazo de apenas 13 días para abandonar el lugar, sin reconocer las adecuaciones por más de 170 millones de pesos que Ruiz invirtió en el sitio, intervenido por la SAE como un bien incautado al narcotráfico en proceso de extinción de dominio.
Todo comenzó con un contrato de arrendamiento firmado en 2020 con el titular notariado del predio, inicialmente reconocido por la SAE, entidad que administra bienes incautados para fines productivos como arriendo o venta, con el objetivo de reparar a víctimas y avanzar en la reforma agraria. Tras un silencio administrativo de seis meses, la SAE presentó una propuesta contractual desventajosa para octubre de 2025, incrementó el canon de arrendamiento sumando el valor de las mejoras útiles y necesarias realizadas por la empresa, y tras una reclamación e inspección, inició una demanda judicial que ahora tramita en un juzgado de Bogotá, tras su traslado desde Medellín.
Incertidumbre para 30 familias y operaciones de Motorblue
La situación genera una incertidumbre inminente, especialmente por la suspensión de actividades durante Semana Santa, afectando las operaciones de Motorblue, fundada en 2018 y dedicada al tratamiento de aguas residuales automotrices en alianza con cinco empresas que benefician a 30 familias. Además, el predio alberga una residencia con animales, y el propio Ruiz Duque ha sufrido una crisis de ansiedad que le generó una incapacidad médica.
“Ante nuestra solicitud de un contrato justo y que nos garantice continuar las operaciones, ellos emiten orden de desalojo sin dar ninguna garantía ni derecho a la defensa; es más, sin poder contradecir, porque ellos salieron a vacaciones y no hay con quién hablar”
Osvaldy Ruiz Duque, empresario
Esta denuncia, basada en información reportada por Infobae Colombia, pone en evidencia las tensiones entre los arrendatarios de bienes administrados por la SAE y las decisiones administrativas que priorizan la extinción de dominio, dejando en vilo inversiones significativas y el sustento de decenas de familias vinculadas a las tres líneas de negocio de Motorblue.
