Durante el primer trimestre de 2026, las empresas colombianas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) desembolsaron más de 2,4 billones de pesos por concepto del impuesto al patrimonio, un tributo establecido por el Gobierno de Gustavo Petro para financiar la emergencia invernal que azota al país. Este recaudo, que involucró a gigantes como Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa, entre otros, quedó por debajo de la meta oficial trazada por el Ejecutivo, lo que ha generado un intenso debate sobre la efectividad de la medida.
El impuesto grava patrimonios superiores a los 10.474 millones de pesos para las empresas —equivalente a 200.000 UVT—, con tarifas que oscilan entre el 0,5% y el 1,6%. Para las personas naturales, el umbral se sitúa en activos que superen los 3.770 millones de pesos (72.000 UVT). Entre los pagos más significativos, Ecopetrol reportó una afectación anual estimada de 1,2 billones de pesos, mientras que su filial Interconexión Eléctrica (ISA) desembolsó 15.000 millones de forma individual. Bancolombia, por su parte, pagó 374.000 millones; Grupo Argos, 290.000 millones; y Grupo Nutresa, 97.000 millones. Estos montos, algunos reportados como cifras individuales y otros como consolidaciones empresariales, reflejan la presión fiscal sobre aproximadamente 60 emisores activos en la BVC, incluyendo compañías nacionales y extranjeras.
Críticas del sector empresarial
La presidente del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, lanzó una dura crítica contra la administración Petro. “La respuesta del Gobierno fue cobrar a los contribuyentes un impuesto al patrimonio en vez de ejecutar y desplegar las medidas a su alcance”, señaló en declaraciones a medios. Gutiérrez advirtió que esta política tributaria prioriza el recaudo fiscal sobre la reactivación económica y podría “causar un daño patrimonial irreversible” en las compañías, que ya enfrentan un entorno de desaceleración. El impuesto, diseñado para captar recursos frente a la emergencia invernal, ha sido cuestionado por su impacto desigual según el sector y el tamaño del patrimonio de cada firma.
“La respuesta del Gobierno fue cobrar a los contribuyentes un impuesto al patrimonio en vez de ejecutar y desplegar las medidas a su alcance”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
Aunque el recaudo de 2,4 billones de pesos en el primer trimestre representa un flujo significativo para las arcas del Estado, el monto no alcanzó la meta prevista por el Gobierno, lo que alimenta las dudas sobre la sostenibilidad de esta fuente de financiamiento. Mientras tanto, el sector empresarial insiste en que la solución a la emergencia invernal debería pasar por una ejecución más eficiente de los recursos existentes y no por la imposición de nuevos gravámenes que, según sus voceros, terminan desincentivando la inversión y afectando la competitividad de las compañías listadas en la BVC.
