Las empresas colombianas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 unidades de valor tributario, equivalentes a 10.475 millones de pesos, están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio a partir del próximo 1 de abril, en medio de una revisión de su legalidad por parte de la Corte Constitucional que no incluye suspensión provisional. Esta medida, decretada durante la emergencia económica por desastres naturales como las intensas lluvias e inundaciones en regiones como Córdoba, Antioquia y La Guajira, afecta a personas jurídicas y establece la primera cuota para esa fecha, con el patrimonio calculado al 1 de marzo de 2026.
El Ministerio de Hacienda estima que este gravamen generará un recaudo de ocho billones de pesos, aunque la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, proyecta una cifra mayor de 13,4 billones, destacando que los sectores financiero y extractivo, como el de petróleo y carbón, aportarán más de la mitad de los recursos. La tarifa general es del 0,5 por ciento, pero asciende al 1,6 por ciento para entidades financieras y empresas extractivas, lo que según Anif elevaría la tasa efectiva de tributación empresarial del 29,8 por ciento actual al 35,5 por ciento.
Revisión judicial y críticas del sector privado
La Corte Constitucional analiza la constitucionalidad del impuesto mediante control automático y demandas ciudadanas, sin conceder medidas cautelares que detengan su cobro, lo que genera incertidumbre sobre posibles devoluciones en caso de declararlo inexequible. Antecedentes como el impuesto solidario por la pandemia de COVID-19, declarado inconstitucional con opción de compensación, o el impuesto al timbre en el Catatumbo, que se mantuvo constitucional con devolución de excedentes, ilustran los riesgos para los contribuyentes.
El Consejo Gremial Nacional ha calificado el decreto como inconstitucional por evadir al Congreso en su aprobación, argumentando que vulnera la legalidad, la equidad tributaria y amenaza la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Voces del sector privado, respaldadas por análisis de Anif, advierten sobre los impactos en la competitividad empresarial en un contexto de recuperación postdesastres.
Esta situación, reportada por fuentes como Nathalia Angarita y Nelson Bocanegra de Reuters, junto con pronunciamientos de la Corte Constitucional y Anif, pone en el centro del debate la tensión entre necesidades fiscales urgentes y principios constitucionales, mientras las empresas se preparan para cumplir con el pago pese a las sombras de judicialización.
