En Colombia, las empresas tienen la facultad de negar empleo a candidatos con antecedentes judiciales siempre que la condena guarde una relación directa con las funciones del cargo y se considere el tiempo transcurrido desde el cumplimiento de la pena, según orientaciones del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Policía Nacional. Este criterio busca equilibrar el derecho al buen nombre de los ciudadanos, su reinserción social y la discrecionalidad de los empleadores en los procesos de selección laboral. Para verificar estos antecedentes de manera legal, los empleadores pueden acceder al portal web de la Policía Nacional en https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/ o al mecanismo en línea del Ministerio de Defensa Nacional, facilitando consultas rápidas y seguras en todo el país.
En un contexto de desempleo nacional que alcanza el 11,4%, esta herramienta adquiere mayor relevancia, aunque los antecedentes se eliminan automáticamente según la gravedad de la pena: seis meses para infracciones leves, dos años para condenas de hasta 12 meses, tres años para penas inferiores a tres años, cinco años para delitos graves con hasta tres años de prisión y diez años para condenas superiores a tres años. De esta forma, se protege la privacidad y se promueve la segunda oportunidad para quienes han cumplido su sanción.
Marco legal que regula el uso de antecedentes en contrataciones
La Ley 19 de 2012, conocida como Antitrámites, eliminó la obligación de presentar el certificado judicial como requisito para trámites laborales, priorizando la desburocratización y el respeto a los derechos postpenitenciarios impulsados por políticas de reinserción social. No obstante, cualquier uso de información sobre antecedentes debe justificarse bajo la Ley General Estatutaria de Protección de Datos Personales, asegurando que el rechazo laboral demuestre una conexión directa entre el delito y las responsabilidades del puesto, además del lapso transcurrido.
Para quienes enfrentan barreras por su pasado, existen alternativas como solicitar un certificado de buena conducta, participar en voluntariados o presentar referencias positivas que fortalezcan su perfil. En caso de referencias negativas infundadas, los afectados pueden interponer una querella por injuria ante la Fiscalía, ya sea de forma verbal, escrita o a través de la línea 122, garantizando así mecanismos de defensa efectiva en el competitivo mercado laboral colombiano.
