Desde La Veintitrés Manizales, este informe aborda una regulación crucial para la convivencia vecinal y la tranquilidad en las comunidades: las obras en conjuntos residenciales deben ceñirse a horarios y límites de ruido establecidos por leyes nacionales y reglamentos internos; en Bogotá, las intervenciones solo se autorizan entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m. en días laborables, en un marco que busca equilibrar el derecho a modificar inmueble con la convivencia. Este régimen se apoya en la Ley 1801 de 2016, la Ley 675 de 2001 y la Ley 90 de 1993, con la participación de autoridades locales de Bogotá y la posibilidad de reforzar estos horarios mediante reglamentos de convivencia y reglamentos internos de cada conjunto residencial.
Entre los elementos clave figuran reglas claras sobre la prohibición de demoler, construir o reparar entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m. conforme a la Ley 1801 de 2016, así como límites de ruido: 65 decibeles en horario diurno, que abarca desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., y 45 decibeles en horario nocturno, de 10:00 p. m. a 6:00 a. m., de acuerdo con la Ley 90 de 1993. En el contexto de Bogotá, las obras requieren autorización entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m. en días laborables, y los reglamentos internos pueden reforzar estos horarios para ajustarlos a las particularidades de cada conjunto residencial.
Convivencia, regulación y mecanismos de resolución
El marco regulatorio señala que el procedimiento ante posibles incumplimientos pasa por un diálogo directo entre las partes; si no hay solución, se debe acudir a la administración del conjunto y, de persistir el problema, presentar una queja ante la inspección de policía con pruebas del incumplimiento. Las obras en áreas comunes rigen por las mismas franjas horarias, y pueden modificarse por reglamento del conjunto o por acuerdos entre residentes, siempre con mecanismos de decisión interna para implementar cambios.
No hay citas textuales disponibles en el material.
En este contexto, la regulación vigente facilita herramientas para la resolución de conflictos y ofrece un marco claro para las comunidades: diálogo, intervención de las autoridades administrativas y, si es necesario, apoyo policial. Este conjunto de normas busca proteger la tranquilidad de los vecinos al tiempo que respeta el derecho de modificar inmuebles, con la posibilidad de adaptar las disposiciones a las características particulares de cada conjunto residencial en el país.
