La audiencia de imputación de cargos celebrada en Bogotá el 6 de noviembre de 2025 dejó como resultado la medida de aseguramiento en centro carcelario para Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, único detenido por el homicidio doloso agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes. Suárez Ortiz no aceptó su responsabilidad, lo que precipitó la decisión del juez de ordenar la reclusión mientras avanza la investigación y el proceso judicial.
El caso, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2025, ha girado en torno a dos hipótesis que el ente investigador mantiene en juego, entre ellas el dolo y la preterintención, y ha estado vinculado también a la eventual participación de un segundo agresor, identificado como Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, presunto coautor y cuyo vínculo con Cartagena, Bolívar, ha sido objeto de revisión. En la diligencia, la defensa, encabezada por Francisco Bernate—abogado penalista que actúa como auxiliar y como representante de la familia de Moreno Jaramillo—así como las firmas Olbar y Camilo Rincón, sostuvo que la verdad podría depender de numerosas evidencias que aún deben ser recopiladas. A la vez, se ha difundido material del caso en redes sociales, lo que ha elevado la cobertura mediática y ha llevado al presidente Gustavo Petro a pedir ayuda para localizar al presunto segundo atacante, una señal de la atención que este caso ha suscitado a nivel nacional.
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El proceso se mantiene abierto a posibles terminaciones anticipadas o acuerdos, y la discusión sobre si el crimen se tipifica como homicidio doloso agravado o como homicidio preterintencional marca el rumbo de las próximas etapas, en las que se buscarán pruebas que permitan determinar la intención real de los agresores y establecer la responsabilidad de cada uno de ellos.
«Este asunto será judicializado y debemos tener todo el respeto por lo que harán los fiscales, los jueces, los defensores y los representantes de víctima» — Santiago Trespalacios Carrasquilla, abogado
«Sin embargo, también es importante ir haciendo pedagogía sobre estos asuntos» — Santiago Trespalacios Carrasquilla, abogado
«la discusión versará sobre dos denominaciones subjetivas de un mismo hecho objetivo» — Santiago Trespalacios Carrasquilla, abogado
«En ese caso, la pena iría de treinta y tres (33) a cincuenta (50) años de prisión.» — Santiago Trespalacios Carrasquilla, abogado
«la respuesta exacta a estos dos fenómenos no se tiene al alcance de las manos de manera inmediata y por eso es que los procesos judiciales no duran días, ni meses ni siquiera» — Santiago Trespalacios Carrasquilla, abogado
«Ambas son viables de acuerdo a las imágenes que hasta ahora han trascendido en los medios de comunicación, pero sobre todo se requerirá de muchas más evidencias que nutran este hecho para poder determinar la intención que realmente tenían quienes realizaron la agresión» — Santiago Trespalacios Carrasquilla, abogado
En este contexto, el caso continúa en proceso con un foco claro en identificar a todos los responsables. Por un lado, la defensa enfatiza la necesidad de esclarecer la intención y de sostener que el resultado final dependerá de evidencias que permitan distinguir entre dolo y preterintención; por otro, la fiscalía persiste en definir con precisión la calificación penal y las posibles rutas de terminación anticipada o de acuerdos que puedan presentarse durante el curso del proceso. Todo ello en medio de un debate público que ha puesto la mirada sobre la seguridad y la responsabilidad en escenarios de violencia grave y en la dinámica de los procesos penales en Colombia.
