Un proyecto de paneles solares en La Guajira, financiado con más de 300.000 millones de pesos y ejecutado mediante un convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Dispac (Distribuidora de Energía del Chocó), registra apenas 862 viviendas energizadas de las 10.664 contratadas, lo que representa un 8,1 por ciento de ejecución, según información revelada el lunes 28 de septiembre. A menos de dos meses del plazo de finalización, fijado para el 30 de noviembre, la iniciativa que debía llevar electricidad a hogares vulnerables en los municipios de Maicao y Albania presenta graves retrasos, falta de materiales y fallas en los sistemas instalados, mientras los contratistas ya han recibido anticipos superiores a los 100.000 millones de pesos.
El contrato se dividió en cuatro lotes, con metas de avance que para finales de septiembre exigían un 93,5 por ciento en los lotes 1 y 4, y un 69,5 por ciento en los lotes 2 y 3. Sin embargo, el avance real es mínimo: en el lote 1 solo se han energizado 263 de 2.677 viviendas (9,8 por ciento); en el lote 2, apenas 60 de 2.674 (2,2 por ciento); en el lote 3, 270 de 2.659 (10,2 por ciento); y en el lote 4, 269 de 2.654 (10,1 por ciento). Las diferencias frente a las metas oscilan entre el 59 y el 84 por ciento, evidenciando un incumplimiento generalizado que mantiene a más de 9.800 familias sin acceso a electricidad.
Abandono y promesas incumplidas en las comunidades indígenas
En las rancherías de Montañita, Mouwasira, Kululumana, Jurimaca y Wayachón, los habitantes indígenas narran una historia de censos repetidos, visitas técnicas sin continuidad y fechas de inicio que se han incumplido en marzo, abril, junio y julio. Rafael Jayariyú, habitante de Montañita, afirmó que «nada, todavía no han llegado», mientras que Jorge Velásquez, residente de la ranchería Mouwasira, señaló que «no han puesto ni un solo panel». En Montañita, que pertenece al lote 2 y contempla 72 usuarios, no han recibido materiales ni visitas para iniciar instalaciones. En Mouwasira, del lote 4 con 82 usuarios, recibieron una llamada hace cuatro meses y desde entonces no hay noticias. En Kululumana se prometió energizar 48 viviendas, pero ninguna ha recibido equipos, y en Jurimaca la instalación alcanzó cerca de 40 casas, aunque la comunidad supera los 100 habitantes y el cableado, el sistema y las baterías llegaron en momentos diferentes.
En Wayachón, además de los paneles en casas vacías, algunos sistemas presentan fallas recurrentes como apagones de varios días y baterías quemadas o reventadas, lo que agrava la desconfianza de la comunidad.
«Hay plantas instaladas, pero ahí no vive nadie. Son casas no habitadas.»
Paola Atencio, habitante de Wayachón
La falta de electricidad obliga a los residentes a pagar entre 1.000 y 2.000 pesos para cargar sus celulares en casas de vecinos que han comprado paneles por cuenta propia, mientras que la educadora Modesta Velásquez señala que la ausencia de energía limita las opciones educativas para los niños wayúu, pues no se pueden usar televisores como apoyo pedagógico.
Incertidumbre sobre el futuro del proyecto
Ante el inminente vencimiento del plazo, empresarios del sector fotovoltaico han señalado que algunos integrantes de los consorcios responsables, entre los que se mencionan Franco López y Wilder González Aguilar, estarían buscando subcontratar a otra empresa con mayor capacidad financiera para poder terminar los trabajos a tiempo. Sin embargo, la empresa Dispac no ha aclarado el estado actual del proyecto ni si el plazo del 30 de noviembre será suficiente, mientras las comunidades continúan a la espera de una electricidad que les fue prometida hace meses.
Con una ejecución real del 8,1 por ciento y más de 9.802 instalaciones pendientes, el proyecto de paneles solares en La Guajira se perfila como uno de los mayores fracasos en la llevada de energía a comunidades vulnerables en el país. La falta de transparencia y la aparente ineficiencia en el manejo de los recursos ponen en entredicho la gestión del Ministerio de Minas y Energía y de sus contratistas, mientras los habitantes de Maicao y Albania ven cómo se desvanece la posibilidad de acceder a un servicio básico que podría transformar sus condiciones de vida.
