Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 111 desplazamientos forzados masivos y 63 confinamientos en varias regiones de Colombia, afectando a más de 104.000 personas. Según el informe “Dinámicas del Desplazamiento Forzado”, presentado por la entidad estatal de derechos humanos, estas violaciones al derecho internacional humanitario han golpeado con mayor fuerza a los departamentos del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Magdalena, Chocó, Putumayo, Caquetá y Bolívar. Detrás de cada cifra hay familias enteras que han debido abandonar sus hogares o que permanecen atrapadas en sus territorios debido a la presencia de grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central, el Estado Mayor de los Bloques y Frente, el ELN, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y, en Putumayo, los Comandos de Frontera.
Los 111 desplazamientos masivos obligaron a 23.931 personas a salir de sus lugares de residencia, lo que significa que, en promedio, cada dos días una comunidad debió huir de su territorio. Por otro lado, los 63 confinamientos afectaron a 80.369 habitantes, presentándose un hecho de esta naturaleza cada 3,8 días. La Defensoría del Pueblo distingue entre el desplazamiento, que implica la salida forzada del hogar, y el confinamiento, que obliga a las comunidades a permanecer en sus territorios con movilidad restringida por las condiciones de seguridad impuestas por los actores armados.
Los departamentos más afectados por la violencia armada
En cuanto a desplazamientos forzados, Cauca encabeza la lista con más de 6.700 personas afectadas, seguido por Norte de Santander con 4.350, Antioquia con 3.150, Nariño con 2.550 y Magdalena con 1.900. Respecto a los confinamientos, Chocó reporta la cifra más alta con 15.641 personas, seguido de Cauca con 13.350, Putumayo con 12.646, Caquetá con 11.651 y Bolívar con 6.593. En Putumayo, fuentes militares señalaron a los Comandos de Frontera como los presuntos responsables de instigar estos confinamientos que mantienen a las comunidades en situación de vulnerabilidad extrema.
“Detrás de estas cifras hay familias y comunidades cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida se ven gravemente afectados. Esta realidad requiere respuestas ágiles y efectivas de las autoridades para garantizar su protección y atención”.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo insiste en que las comunidades afectadas se ubican en zonas donde persisten dinámicas de conflicto armado interno, disputas territoriales entre grupos armados ilegales que no dudan en recurrir a la violencia contra la población civil. Frente a esta crisis humanitaria, el organismo de derechos humanos reiteró la necesidad de que las autoridades nacionales y locales actúen de manera oportuna para garantizar la protección y atención de las víctimas, que en su mayoría pertenecen a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que han visto interrumpidos sus proyectos de vida por una guerra que no les pertenece.
