Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló que durante los primeros tres meses del gobierno de Abelardo de la Espriella, entre el 7 de agosto y el 31 de octubre de 2026, se registraron 111 acciones armadas en todo el territorio nacional. La cifra, dada a conocer el 11 de noviembre, evidencia que, pese a la contundente ofensiva estatal que caracteriza el arranque de la nueva administración, los grupos ilegales como el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias Iván Mordisco conservan una capacidad de ataque significativa.
El balance de Pares documenta un panorama de violencia persistente, con un predominio de ataques con drones contra la Fuerza Pública y combates, concentrados principalmente en el suroccidente del país. Según el informe, solo durante el mes de agosto, 106 integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos o asesinados, lo que representa la cifra mensual más alta desde 2022. En los primeros 60 días del gobierno de De la Espriella, quien asumió el 7 de agosto con la promesa de «devolverle la seguridad a Colombia», las autoridades reportaron 32.029 capturas, la incautación de 135 toneladas de narcóticos y el decomiso de 3.414 armas de fuego, como parte de una estrategia que incluyó el cierre de mesas de diálogo, bombardeos y la reactivación de órdenes de captura.
Ataques con drones y focos de violencia
La persistencia de la capacidad ofensiva de los grupos armados se hizo patente el 8 de noviembre, cuando un ataque con drones perpetrado por el ELN en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar, dejó un saldo de tres soldados muertos y más de una decena de heridos. El hecho ocurrió en el marco de los primeros 100 días de gobierno, cuyo plazo límite para implementar la estrategia de seguridad se cumplía el 15 de noviembre. El informe de Pares detalla que los departamentos de Cauca y Norte de Santander son los que concentran los ataques con drones y contra infraestructura civil, mientras que en Antioquia se reportaron los combates más intensos.
La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, se mantiene como un foco de tensión, con operaciones militares en curso contra el frente 33 de las disidencias en el municipio de Tibú. Las acciones armadas, detalla la fundación, no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que han generado graves consecuencias para la población civil, incluyendo confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios y lesiones, además de la suspensión de clases y restricciones al comercio y transporte en zonas rurales. En el área urbana de Cúcuta, el asesinato de un comerciante en la zona rosa elevó la preocupación por la seguridad en las ciudades.
Alerta en ocho departamentos
La situación de riesgo para las comunidades ha sido reconocida por la Defensoría del Pueblo, que mantiene vigentes alertas tempranas en ocho departamentos: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Putumayo y Chocó. Estas alertas advierten sobre la presencia de estructuras ilegales y el peligro inminente para la población, un escenario que, a pesar de la arremetida del gobierno de De la Espriella contra las finanzas y la cúpula de los grupos armados, demuestra la complejidad de desarticular las redes criminales que operan en vastas regiones del país.
