La rebelión de los peajes: Entre el júbilo popular a $700 y el limbo de una megaobra de $7 billones
El mapa de la infraestructura vial en el corazón del Eje Cafetero ha sufrido un vuelco radical
Lo que comenzó como una ola de protestas sociales en los peajes de Tarapacá I y II (Risaralda), Las Pavas y San Bernardo (Caldas) y Circasia (Quindío) se ha transformado en una vertiginosa transición de la política pública de transporte que mezcla el júbilo de los usuarios de las vías con una inminente tormenta jurídica y fiscal en los despachos de Bogotá.
El Gobierno Nacional, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, oficializó el rechazo definitivo a la Iniciativa Privada (IP) «Conexión Centro». Se trata de un megaproyecto de quinta generación (5G) estructurado por Odinsa Vías que pretendía asumir las riendas de la conectividad vial de la región por las próximas tres décadas. Con este portazo a la continuidad del modelo de concesión privada, el Ejecutivo frenó en seco una propuesta de inversión privada estimada en 7 billones de pesos. Con esto, las carreteras de este corredor clave retornarán al control del Estado bajo el modelo de obra pública administrada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) una vez finalice el contrato vigente en febrero de 2027.
El desplome tarifario
La decisión más audaz —y de mayor impacto político— es la reconfiguración agresiva de los peajes de la región. El Gobierno Nacional confirmó que las tarifas para las categorías 1 (vehículos particulares, camperos) y 2 (buses y busetas) caerán a la histórica y si se quiere simbólica cifra de $700. Para la categoría 3 la reducción será del 30%, y para el resto de vehículos de carga pesada el descuento se fijará en el 50%.
El gran detonante del debate en las últimas horas fue la inclusión de última hora del peaje de Circasia, ubicado en el Quindío. Este punto de recaudo, que históricamente ha golpeado el bolsillo regional con una tarifa que superaba los $21.000, también fue cobijado por el beneficio directo y pasará a cobrar $700. El anuncio ha sido recibido con euforia por los gremios de transportadores locales y líderes de la zona, quienes califican el hecho como un «alivio histórico».
Para el próximo viernes 29 de mayo, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tienen programado un evento público el que se revelará el abecé del decreto, los rostros de los beneficiarios directos y, fundamentalmente, la plataforma o mecanismo de acreditación que deberán utilizar los habitantes de los municipios del Eje Cafetero para certificar su residencia y acceder a estas tarifas mínimas.
Las obras que quedan en el aire
El rechazo a la IP Conexión Centro no es solo un cambio de operador; implica que las ambiciosas obras que se financiarían con esos 7 billones de pesos entran en una profunda incertidumbre técnica y presupuestal. El paquete de infraestructura que ya estaba en fase de factibilidad técnica por parte de Odinsa —quien invirtió cerca de $30.000 millones de pesos en su estructuración— incluía:
- 77 kilómetros de nuevas segundas calzadas.
- La construcción de la esperada variante de Circasia.
- 20 intersecciones viales nuevas y mejoradas para conectar la región.
- Más de 200 kilómetros de vías rehabilitadas y 50 kilómetros de ciclorrutas.
Este corredor es considerado vital, pues conecta al centro del país con el puerto de Buenaventura, por donde ingresa el 35% de las importaciones nacionales. Gremios y sectores económicos regionales ya muestran su preocupación por la capacidad real del Estado para asumir obras de tal envergadura en medio de las estrecheces fiscales del Gobierno Central.
Contraloría y Procuraduría exigen cuentas
Detrás de las celebraciones en las bermas de las carreteras, los organismos de control del Estado han activado un «cerco de advertencia» ante los posibles efectos colaterales de estas medidas. En menos de 24 horas, dos pesados requerimientos llegaron a los escritorios de la ANI y del Ministerio de Transporte.
1. El frente fiscal (Contraloría General de la República)
A través del Oficio 2026EE0108623, el Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, le otorgó un plazo perentorio de tres días hábiles a la ANI para destapar la realidad financiera del proyecto. El ente de control advierte sobre un «posible riesgo fiscal» y un «desequilibrio financiero» derivado de la intervención unilateral de las tarifas.
La Contraloría exige saber con precisión matemática cuál será la fuente de pago alternativa para compensar al actual concesionario (Autopistas del Café) por el menor recaudo de los peajes. Además, indaga si el Gobierno está forzando una terminación anticipada del Contrato de Concesión 0113 de 1997, cuya reversión formal al Estado estaba pactada originalmente para el 1 de febrero de 2027.
2. El frente disciplinario y legal (Procuraduría General de la Nación)
Por su parte, el Ministerio Público, mediante el radicado S-2026-826774, abrió una Vigilancia Preventiva liderada por el procurador delegado Jesús Alejandro Gutiérrez Casas. La Procuraduría le ha recordado al Ejecutivo que «suprimir o reducir drásticamente las tarifas de un peaje sin una fuente clara de reemplazo» lesiona la seguridad jurídica de los contratos de infraestructura y abre la puerta a multimillonarias demandas contra el Estado por violar el principio de confianza legítima.
La Procuraduría citó a la ministra María Fernanda Rojas a una rendición de cuentas inmediata (con plazo al 28 de mayo) exigiendo el plan B de mantenimiento: si las tarifas bajan a $700 y el recaudo cae a niveles mínimos, ¿con qué dinero del presupuesto nacional el Invías va a tapar los huecos, operar las grúas y mantener las calzadas seguras?
Incógnitas pendientes
Con las cartas sobre la mesa, el periodismo y la ciudadanía centran su mirada en los anuncios oficiales del viernes. Para que la promesa gubernamental se convierta en realidad sin encallar en los tribunales, el país espera respuestas a tres preguntas críticas:
- ¿Cómo se financiará el hueco fiscal? Los costos de operación y conservación del corredor no desaparecen con la tarifa social. El Gobierno deberá explicar si subsidiará la diferencia con recursos directos del Presupuesto General de la Nación.
- ¿Cuál será la logística de acreditación? Evitar que usuarios flotantes o de paso nacional se aprovechen de una tarifa pensada exclusivamente para el impacto local requerirá un censo digitalizado y un chip de identificación ágil para los residentes tradicionales.
- El empalme institucional: Al quedar descartada la IP «Conexión Centro», el Invías tendrá que demostrar su capacidad técnica instalada para asumir este corredor logístico vital a partir del mismo momento de la reversión contractual.
El Eje Cafetero vive así una histórica transición de su infraestructura vial. El pulso entre la justicia social tarifaria que reclama la ciudadanía en las vías y la ortodoxia contractual y fiscal que exigen los entes de control en Bogotá está en su punto más álgido. El viernes se escribirá el próximo capítulo de esta historia.
sos/IA
