En la vereda Pachelly de Tibú, en el Catatumbo de Norte de Santander, se registraron intensos enfrentamientos armados entre disidencias de las Farc y el ELN el 25 de diciembre de 2025, que comenzaron con una ofensiva de las disidencias desde la noche del 24 de diciembre. Estos choques, caracterizados por fuego cruzado y la instalación de retenes ilegales, obligaron a 250 personas a huir de sus hogares, principalmente provenientes de Tibú y El Tarra, en busca de refugio en cabeceras municipales como Cúcuta y Ocaña.
Videos difundidos en redes sociales por testigos, como el usuario @jhonjacome en X, muestran el pánico de los habitantes atrapados en medio de los combates, con familias refugiándose en una escuela local mientras una ambulancia de La Gabarra fue obligada a regresar por un retén armado en el kilómetro 16 de la vía Tibú-La Gabarra. Las disidencias de las Farc anunciaron previamente esta ofensiva en plataformas digitales con el objetivo de recuperar el control territorial que ejerce el ELN en la región.
Crisis humanitaria con amenaza de confinamiento masivo
De los desplazados, 54 núcleos familiares, equivalentes a unas 200 personas, llegaron a Cúcuta, mientras que otros 11 núcleos, cerca de 50 individuos, se instalaron en Ocaña, según datos oficiales del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en esas cabeceras. Además, unas 6.000 personas en Pachelly y Tibú enfrentan el riesgo inminente de confinamiento por la escalada de violencia. En lo que va de 2025, la conflagración en municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú ha afectado acumulada a 200.000 personas, agravando una crisis humanitaria derivada del deterioro acelerado de la seguridad en el Catatumbo, donde ambos grupos armados mantienen un control territorial permanente.
“Personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan de asistencia humanitaria urgente: un techo seguro para albergarse, alimentos, agua segura y protección. En los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil”
Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia
La población civil clama al Gobierno nacional por un refuerzo inmediato en la seguridad para evitar más desplazamientos sin protección estatal, en un contexto donde la solidaridad de la comunidad internacional y las instituciones es clave. “No puede ser posible que la vida de personas en el nororiente del país, así como en otras regiones, se siga poniendo en riesgo por las confrontaciones armadas. La solidaridad de todos, incluida la comunidad internacional y las instituciones del Estado, es fundamental para acompañar a quienes están siendo obligados a pasar esta época del año golpeados por la violencia y lejos de sus hogares y familias”, enfatizó Giovanni Rizzo.
