En un movimiento que genera preocupación por posible opacidad en la contratación pública, varias entidades estatales colombianas, entre ellas el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), liderado por la ministra Carina Murcia Yela y con la secretaria general Olga Isabel Buelvas Dickson; la Administradora de Recursos del Seguro Social (Adres), dirigida por Félix León Martínez y con el representante Andrés Forero; el Fondo de Igualdad (FonIgualdad), vinculado a la senadora Paloma Valencia; la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre) y el Fondo de Adaptación, ambos bajo la dirección de Angie Rodríguez; y la EPS Famisanar, intervenida por José Gallo, han acelerado la firma de contratos, ampliaciones de plantas de personal y rotaciones de funcionarios en los últimos meses de 2025, justo antes de que entre en vigor la Ley de Garantías el 31 de enero de 2026. Estas acciones incluyen contrataciones directas, extensiones de días hábiles como los cinco sábados consecutivos de enero en MinTIC, relevos de técnicos, tercerizaciones y modificaciones de manuales internos, con vigencias que se extienden hasta mayo de 2026, en un claro intento por anticipar las restricciones que prohibirán la contratación directa sin convocatoria pública debido al período electoral legislativo.
Las cifras revelan el alcance de estas maniobras: en FonIgualdad se adjudicaron contratos por 70.582 millones de pesos a Laborando S.A.S. para atender a 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, además de otros logísticos por 68.949 millones y 308 contratistas entre 2024 y 2025; Adres pasó de una planta de 233 a 930 cargos, elevando su nómina anual de 48.017 a 99.069 millones de pesos, con la formalización de 660 contratistas respaldada por un estudio técnico de la Universidad Nacional de Colombia y avales de ministerios y la Presidencia, aunque sujeta a aprobación del Ministerio de Hacienda; la EPS Famisanar generó 572 nuevos empleos en 2025 con un incremento mensual de 2.700 millones de pesos mediante 75 contratos que superan los 700 millones mensuales, tras modificar su manual de requisitos en febrero de 2025 y ofrecer salarios de hasta 40 millones para bachilleres y técnicas en enfermería; el Fondo de Adaptación estableció una planta provisional por 668 mil millones anuales, relevando a 15 técnicos y nombrando a 30 funcionarios; mientras que en MinTIC se registró la salida de 14 funcionarios en el último mes y medio, coincidiendo con la llegada de la nueva ministra bajo un régimen de libre nombramiento y remoción.
Preocupaciones por opacidad y uso político
Estas aceleraciones se producen en medio de denuncias por la escasa publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y la ausencia de herramientas como Cuentas Claras, lo que genera temores sobre un posible uso político de la contratación pública y la pérdida de memoria técnica en las entidades. La Ley de Garantías busca precisamente limitar estas prácticas durante el período preelectoral, pero las entidades argumentan necesidades administrativas para justificarlas.
«ante la necesidad de garantizar la eficiencia administrativa y atender el cúmulo de procesos en curso»
Olga Isabel Buelvas Dickson, secretaria general del MinTIC
La información, proveniente de documentos oficiales compartidos por Andrés Forero y Paloma Valencia, así como de reportes de El Colombiano, subraya la urgencia de mayor transparencia en un contexto donde la rotación de personal y las tercerizaciones podrían comprometer la continuidad institucional ante las restricciones inminentes de la ley.
