Nueva fase de la protesta de repartidores de Rappi avanza en Colombia
Una jornada de protesta protagonizada por trabajadores de la plataforma de entregas se desarrolla en varias ciudades del país, con demandas centradas en mejoras laborales y un ajuste en las tarifas por servicio.
En la acción participaron ejecutivos de la firma; entre ellos, Pablo Villegas, líder de la empresa para las operaciones en Colombia, Argentina y Uruguay, quien acompañó a los manifestantes durante buena parte de la jornada.
«La negociación se mantiene sin progreso y es imprescindible garantizar condiciones básicas para quienes operan bajo este esquema de trabajo»
Yudy Aya, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aplicaciones por Colombia (SINATRAP)
Según SINATRAP, la movilización en Armenia reunió a alrededor de 200 trabajadores; en el Eje Cafetero, la cifra total estimada alcanza aproximadamente 1.500. A nivel nacional, el colectivo ubica a las personas vinculadas a la plataforma por encima de 65.000.
- La remuneración por entrega se mantiene en 3.050 pesos colombianos, una cantidad que, sostienen, no cubre un umbral mínimo necesario.
- Los trabajadores calculan un ingreso mensual que, para cubrir gastos básicos, debería situarse por encima de 1.300.000 pesos.
- Se resalta que condiciones como la lluvia o rutas de alto riesgo no se reflejan en los pagos recibidos.
Tanto SINATRAP como los demandantes consideran que la negativa de la empresa a establecer espacios efectivos de diálogo intensifica la tensión y la sensación de desprotección entre la plantilla. Este conflicto se inscribe en un debate global sobre la clasificación de quienes trabajan como autónomos frente a la necesidad de garantías laborales mínimas.
El Ministerio de Trabajo ha señalado, citando publicaciones de Ámbito Jurídico (2024), la preocupación por la ausencia de protecciones sociales para este segmento y ha impulsado llamados para regularizar este sector de plataformas de reparto.
Entre las exigencias se destacan la extensión de coberturas de salud y de riesgos laborales, el reconocimiento de derechos familiares y de descanso, y la creación de mecanismos de negociación sin temor a sanciones o bloqueos de cuentas. En este marco, se recuerda que, según datos de Fedesarrollo en 2021, Bogotá concentra el 49% de las personas que trabajan para aplicaciones de domicilios, lo que evidencia la magnitud regional del fenómeno.
