Una camioneta Chevrolet Silverado roja que perteneció a Pablo Escobar fue entregada por orden judicial a Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar, en medio de una disputa legal que enfrentó a padre e hijo por la custodia del vehículo. El operativo policial se realizó el 17 de septiembre de 2026 en el barrio Laureles-Estadio de Medellín, luego de que el automotor fuera trasladado desde la casa museo de Roberto Escobar en el sector de La Asomadera hasta una vivienda en esa misma zona de la ciudad, donde finalmente se concretó la entrega con acompañamiento de las autoridades.
El conflicto familiar por la camioneta, identificada con placas CAS-263, se originó a raíz de la orden de extinción de dominio del predio donde funcionaba el museo dedicado a la memoria del capo del narcotráfico. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) determinó que el inmueble, avaluado en más de 6.115 millones de pesos colombianos, fue adquirido con recursos ilícitos y exaltaba el narcotráfico promoviendo el narcoturismo en Medellín. Ante esa decisión judicial, Roberto Escobar Gaviria —conocido como El Osito y hermano mayor de Pablo Escobar— se vio obligado a retirar sus objetos personales, entre ellos la camioneta, que fue llevada a una vivienda en Laureles. Sin embargo, un juez falló a favor de Nicolás Escobar Urquijo, también conocido como Máximo Tecra Rossi, quien logró que se le reconociera la propiedad del vehículo sobre su padre.
Los orígenes del inmueble y las cifras del caso
La casa museo de La Asomadera fue adquirida originalmente por Pablo Escobar por un valor superior a 1.100 millones de pesos, pero al momento de la muerte del capo en 1993 pasó a manos de sus hermanas Marina y Gloria Escobar mediante escritura de 1996. La administración, no obstante, quedó a cargo de Roberto Escobar. La propietaria original del predio fue Gilma Aidée Urdinola Ospina, familiar de Iván Urdinola, cabecilla del cartel del Norte del Valle, quien no pudo acreditar capacidad económica suficiente para comprar la casa ni para responder por una hipoteca cercana a los 240 millones de pesos. La Fiscalía señaló que esas irregularidades llevaron a la orden de extinción de dominio contra el inmueble, el cual continuó operando como museo pese a existir medidas cautelares dentro del proceso.
«De sembrar violencia y muerte vamos a pasar a un sitio que cuida, promueve y siembra las sonrisas del futuro»
Andrés Salazar, vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE
Tras el fallo judicial, la SAE entregó el predio a una fundación dedicada al bienestar de menores de edad, marcando un cambio drástico en el uso de un lugar que durante años fue símbolo del narcoturismo en Colombia. Mientras tanto, la disputa por la camioneta roja refleja las tensiones que persisten dentro del círculo familiar de los Escobar, donde los vestigios materiales del imperio del narcotráfico siguen generando controversias legales incluso después de tres décadas de la muerte de Pablo Escobar.
