En una jornada que ella misma describió como «difícil», la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto de 2026 desde la Estación de Carabineros de Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, más conocido como cárcel La Picaleña. Poco después de su llegada al nuevo centro de reclusión, la influenciadora habría publicado un video en sus redes sociales, posteriormente eliminado, en el que expresaba su estado de ánimo y pedía fortaleza en medio de la situación judicial que enfrenta. «Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo», señaló en la grabación, en la que también manifestó su confianza en que «la verdad siempre encuentra el camino».
El traslado de Barrera Rojas no fue un caso aislado, sino que se enmarca en una reubicación masiva de 117 internos considerados de «alto perfil», ordenada por el nuevo Gobierno que lidera el presidente Abelardo de la Espriella. La medida responde a un plan para recuperar el control de los centros penitenciarios del país y se produce después de que se revelaran presuntas irregularidades en la reclusión previa de la influenciadora en la Escuela de Carabineros. Entre las inconsistencias reportadas se encuentra la práctica de procedimientos estéticos no autorizados, como inyecciones de relleno en glúteos, pómulos, labios y mentón, así como el hallazgo en su celda de tres celulares, de los cuales al menos uno le pertenecía, junto con un completo arsenal de elementos médicos que incluía frascos de lidocaína al 2%, ácido hialurónico, agujas hipodérmicas, jeringas y gasas, entre otros insumos.
Una condena que llega tras años de proceso judicial
La situación carcelaria de Epa Colombia es el desenlace de un largo proceso judicial que se originó en hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019. En aquella oportunidad, la entonces influenciadora destruyó con un martillo puertas de vidrio, lectores de tarjetas, equipos de recarga y la registradora de acceso de la estación Molinos de Transmilenio, actos que ella misma grabó y publicó en sus redes sociales. Por estos hechos, fue condenada en primera y segunda instancia, y posteriormente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que la obliga a cumplir 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.
La instigación no sólo fue a vandalizar a cambio de nada, porque sí, ni como un propósito que se agotara en sí mismo. En lugar de ello, trascendió hasta los fines terroristas, porque incluyó que en los destinatarios pudiesen generar zozobra, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego; y también aterrorizar, generar miedo, pánico, temor, pavor o susto.
Corte Suprema de Justicia, fallo de condena
Las autoridades explicaron que la reubicación de los internos de alto perfil busca «fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios». Las personas trasladadas fueron distribuidas en establecimientos de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. La alerta sobre las irregularidades en la reclusión de Epa Colombia fue puesta sobre la mesa por la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quien en un reporte revelado por la revista Semana dio cuenta de los procedimientos estéticos y los elementos encontrados en la celda de la influenciadora. Mientras tanto, desde La Picaleña, Epa Colombia enfrenta ahora un nuevo capítulo en su vida carcelaria, con la esperanza de que su situación judicial pueda resolverse pronto, tal como lo expresó en el mensaje que luego decidió borrar de sus redes sociales.
