Empresas Públicas de Medellín (EPM) reportó pérdidas superiores a los 300.000 millones de pesos durante el primer semestre de 2025, una cifra alarmante que equivale al costo de suministrar servicios públicos a cerca de 95.000 familias antioqueñas. El gerente de la entidad, John Maya Salazar, reveló que estas millonarias pérdidas son consecuencia directa del hurto de agua, energía eléctrica y gas natural, un flagelo que se intensifica mediante conexiones ilegales fraudulentas en toda la jurisdicción de la compañía en Antioquia.
El desglose de las cifras muestra un impacto diferenciado por servicio, siendo el robo de energía eléctrica el más significativo con un 57,7% del total, seguido por el hurto de agua potable que representa un 40,4%, y finalmente el gas natural con un 1,9% de las pérdidas. La situación no solo afecta las finanzas de la empresa, sino que se agrava por la coyuntura del fenómeno de El Niño, que obliga a las autoridades a hacer un llamado urgente al ahorro y la racionalidad en el consumo de estos recursos vitales.
Inversión millonaria para reparar daños por hurto
La lucha contra las conexiones ilegales está generando un desvío significativo de recursos que podrían destinarse a mejorar la cobertura y la calidad del servicio. EPM se ha visto forzada a invertir 7.200 millones de pesos entre 2024 y 2025 para reparar la infraestructura dañada por los delincuentes, pero la cifra se dispara a 25.000 millones de pesos en lo que va corrido de 2025 únicamente. Estos recursos, explicó la empresa, se utilizan para reponer elementos hurtados, restaurar redes eléctricas, acueductos y sistemas de gas, y para restablecer las condiciones normales de operación, un gasto que finalmente limita la capacidad de reinversión en mejoras estructurales y ampliación de cobertura.
«Es un llamado a toda la comunidad, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero desafortunadamente vemos que el consumo sigue aumentando tanto en energía como en agua, y hay que ser racionales»
John Maya Salazar, Gerente de EPM
Las conexiones ilegales no solo representan un quebranto económico, sino que también generan graves riesgos técnicos y de seguridad para las comunidades, ya que las instalaciones fraudulentas son altamente peligrosas. El robo de servicios públicos está tipificado como delito en el artículo 256 del Código Penal colombiano, y EPM ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía asuma su responsabilidad, especialmente en un contexto climático adverso donde cada gota y cada kilovatio cuentan. La empresa reiteró su compromiso con la legalidad y advirtió que continuará con las acciones de control y denuncia penal para frenar esta práctica que, según sus directivos, afecta directamente a los usuarios que pagan correctamente sus facturas.
