El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis financiera sin precedentes: las EPS cerraron el año 2025 con una deuda acumulada de 58 billones de pesos con hospitales, clínicas y farmacéuticas, lo que representa un incremento del 26,5% en apenas un año, equivalente a 12 billones de pesos adicionales. Así lo revela el más reciente informe de la Contraloría General de la República, entregado antes de la salida de Carlos Hernán Rodríguez y bajo la dirección actual de Jorge Eliécer Laverde. El documento también advierte que solo cuatro de las 28 EPS del país cumplen con todos los requisitos financieros exigidos: Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía, que en conjunto agrupan a menos del 2% de los afiliados al sistema.
El análisis de los estados financieros y los indicadores de capital, patrimonio y reservas revela que 17 de las 26 EPS que reportaron sus cuentas en 2025 registraron pérdidas, mientras que el gasto promedio de estas entidades alcanzó el 110% de los ingresos recibidos. Es decir, por cada 100 pesos que percibieron, gastaron 110, lo que evidencia una insostenibilidad estructural. La Contraloría señala que los costos de atención superaron sistemáticamente los ingresos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y que la Corte Constitucional, al determinar que la UPC fijada por el Ministerio de Salud era insuficiente, ordenó un reajuste técnico que el Gobierno consideró insuficiente, lo que llevó a la Corte a abrir un incidente de desacato contra el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo en diciembre de 2025.
EPS intervenidas sin mejoría
El informe de la Contraloría es contundente respecto a las nueve EPS que el Gobierno mantiene bajo intervención estatal y las dos con medidas especiales: “Los resultados demuestran que, pese al tiempo transcurrido desde la adopción de las medidas especiales de intervención, ninguna de las EPS intervenidas ha logrado recuperar su patrimonio ni aproximarse a los parámetros mínimos establecidos”. De hecho, varias de estas entidades empeoraron sus indicadores entre 2024 y 2025, mantuvieron gastos superiores a sus ingresos y patrimonios negativos. En el primer trimestre de 2026, las EPS intervenidas gastaron 117,8 pesos por cada 100 recibidos, mientras que las no intervenidas gastaron 100,8 pesos, una diferencia que refleja la gravedad de la situación.
Nueva EPS, la más rezagada
La Nueva EPS, que con 11,6 millones de afiliados es la mayor del sistema, está bajo intervención desde abril de 2024 y no certifica estados financieros desde diciembre de 2023. Su deuda pasó de 22 billones a casi 26 billones de pesos en un año, y acumula 17 billones de pesos en anticipos no justificados. La entidad no entregó información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud desde marzo de 2024 y no pudo certificar sus cuentas de 2024 y 2025, lo que impide conocer con precisión su situación real. La Contraloría advierte que esta falta de transparencia agrava el riesgo para los afiliados y para el sistema en su conjunto.
Deuda con farmacéuticas y barreras de acceso
Uno de los aspectos más críticos del informe es el aumento de la deuda con proveedores de medicamentos, que pasó de 2,85 billones a 3,8 billones de pesos en un año, un incremento del 33%. La Contraloría alerta que esta situación interrumpe la cadena de suministro de medicamentos y tecnologías en salud, poniendo en riesgo la entrega oportuna de tratamientos esenciales a la población afiliada. “Se incrementan las barreras de acceso para los pacientes, quienes enfrentan retrasos o dificultades para recibir los medicamentos prescritos, con efectos adversos sobre la continuidad de los tratamientos, los resultados en salud, la calidad de vida y, en general, el adecuado funcionamiento del sistema de salud”, señala el informe. La deuda con farmacéuticas incluye facturas generadas en 2025, no solo cuentas acumuladas de años anteriores, lo que indica que el problema se agrava mes a mes.
«Esta situación interrumpe la cadena de suministro de medicamentos y tecnologías en salud, poniendo en riesgo la entrega oportuna de tratamientos esenciales a la población afiliada. Como consecuencia, se incrementan las barreras de acceso para los pacientes»
Informe de la Contraloría General de la República
El panorama es desolador para el sistema de salud colombiano. Mientras la Corte Constitucional mantiene abierto el incidente de desacato contra el exministro Jaramillo por no cumplir con el reajuste técnico de la UPC, y el Gobierno no logra que las EPS intervenidas recuperen su viabilidad, la deuda sigue creciendo y los pacientes enfrentan cada vez más obstáculos para acceder a medicamentos y tratamientos. Las cuatro únicas EPS que cumplen con los requisitos financieros representan una mínima fracción del sistema, lo que deja a millones de colombianos en una situación de vulnerabilidad. La Contraloría insiste en que, sin medidas urgentes y estructurales, la crisis continuará profundizándose, con graves consecuencias para la salud de la población y la sostenibilidad del sistema.
