El expresidente de Colombia Ernesto Samper, quien gobernó entre 1994 y 1998, arremetió contra la Corte Constitucional por la demora en pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que reforma el sistema pensional, y afirmó que esta tardanza solo beneficia a los fondos privados de pensiones. Samper hizo pública su crítica en su cuenta de la red social X, justo después de que la Sala Plena de la Corte aceptara de manera unánime el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, reasignando la ponencia a la presidenta de la corporación, Paola Meneses. Esta decisión se dio en el contexto de una entrevista que Ibáñez concedió el 18 de enero, lo que generó dudas sobre un posible juicio anticipado y llevó a su recusación por parte de la Presidencia de la República.
La controversia gira en torno a presuntos vicios de trámite legislativo en la aprobación de la Ley 2381, particularmente en el cuarto debate en la Cámara de Representantes, descrito como una votación «pupitreada» con irregularidades en el quórum y el orden del día. Esta demora en el análisis de esos vicios suspende la decisión de fondo sobre la norma, paralizando la migración de afiliados de los fondos privados hacia Colpensiones y aplazando la implementación de la reforma, mientras más de tres millones de personas mayores en condiciones de pobreza esperan un auxilio estatal por primera vez o un retiro digno de sus empleos actuales.
Reforma pensional en vilo por cambio de ponente
El cambio de ponente obliga a la Corte a reconstruir desde cero el análisis jurídico, centrado exclusivamente en la legalidad del trámite legislativo y no en el modelo pensional propiamente dicho. La Ley 2381 establece un sistema de cuatro pilares: solidario para los más vulnerables, semicontributivo para quienes no alcanzan el umbral de cotización de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, contributivo con un régimen de transición que exige 750 semanas para mujeres y 900 para hombres al 1 de julio de 2025, y ahorro voluntario. Samper cuestionó directamente esta parálisis judicial, argumentando que solo prolonga los privilegios de los fondos privados.
“Con todo el respeto que le tengo a la @CConstitucional y a sus integrantes, incluido el magistrado Ibáñez, no entiendo la demora de la corporación en el trámite constitucional de la ley de pensiones, que están esperando más de tres millones de personas mayores pobres para recibir por primera vez un auxilio estatal o poder formalizar un justo retiro de su actual empleo”.
Ernesto Samper, expresidente de Colombia
“Los únicos que se están beneficiando con esta injusta demora son los fondos privados de pensiones, que se están quedando con la carne y el hueso de las pensiones colombianas”.
Ernesto Samper, expresidente de Colombia
La situación deja en suspenso un cambio estructural en el sistema de pensiones colombiano, impulsado por el gobierno actual para ampliar la cobertura y redistribuir recursos, pero ahora a merced de la agenda de la Corte Constitucional en Bogotá. Mientras tanto, miles de adultos mayores siguen a la espera de que se resuelvan estos enredos procesales para acceder a los beneficios prometidos por la reforma.
