Los sindicatos de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia, liderados por Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg y la Dirección Nacional Sindical de Escoltas Profesional, anunciaron este 17 de febrero su rechazo total a los decretos 019 y 020 de 2026, que buscan formalizar laboralmente al personal pero que, según ellos, vulneran derechos laborales y ponen en riesgo la seguridad de los protegidos. Ante esta situación, los representantes sindicales presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para impugnar estas normas, argumentando irregularidades como la derogatoria de las resoluciones 300 y 301, que afectaban la protección de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, y la ausencia de estudios técnicos en el nuevo manual de funciones.
Las críticas se centran en la incertidumbre generada por las previstas 6.000 contrataciones con el presupuesto de la UNP para 2026, sin claridad sobre los procesos de selección, evaluaciones ni la entidad responsable. Giovanni Gallo cuestionó abiertamente el procedimiento: “Tenemos bastantes preguntas. ¿A quiénes van a contratar?, ¿Cómo va a ser esta contratación? No se ha hablado de la entidad que va a hacer el estudio, las evaluaciones, nada”. Además, alertó sobre la falta de provisiones para armas y el riesgo de despidos masivos si las vinculaciones son temporales, lo que dejaría a los escoltas en la calle buscando empleo en el sector privado.
Preocupaciones por seguridad y derechos laborales
Uno de los puntos más controvertidos es la posible vinculación de exintegrantes de las Farc a la planta de personal de la UNP, lo que Gallo califica como un despropósito que vulneraría la seguridad de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos protegidos por la entidad. “Sentimos que el ingreso del personal de las Farc a la planta global de la UNP no es contraproducente para los protegidos. Hay muchas personas que van a rechazar. Sería una falla grande y un peligro poner a un defensor de derechos humanos que ha sido afectado por este grupo guerrillero u otros a que lo cuiden ellos mismos. Es un despropósito lo que está haciendo el señor ministro Benedetti al expedir este decreto y la UNP estaría vulnerando la seguridad de estas personas”, declaró el líder sindical. Estos decretos, blindados por la Ley 909 de Función Pública, generan dudas sobre contrataciones a dedo, falta de preparación y experiencia en el manejo de armas para custodiar a las personas más amenazadas del país.
“Necesito que se explique cómo va a ser la contratación, si será a dedo, van a ingresar amigos de políticos y terceros, sin preparación, que no serán refuerzo. Sabemos que las capacitaciones de las escuelas no son las mejores. ¿Dónde está la experiencia para cuidar a unas personas que son las personas más amenazadas del país? ¿Dónde está la experiencia para portar un arma? Todo”
Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg
Los sindicatos también denuncian la afectación a derechos de escoltas que son padres o madres cabeza de familia, mayores de 60 años o con hijos enfermos, considerando que estas medidas representan un pago injusto del Gobierno del Cambio a quienes han servido por años, incluso protegiendo a figuras políticas en cargos previos. “No podemos esperar a que ese sea el pago del Gobierno del cambio a la gente que ha servido por muchos años e incluso los han cuidado a ellos mismos cuando han ocupado otros cargos. Llamamos y levantamos la voz de alerta, antes de que se pueda convertir en una masacre laboral”, enfatizó Gallo. Hasta el momento, la UNP no se ha pronunciado al respecto, dejando en vilo la protección de vulnerables en medio de esta incertidumbre laboral.
La amenaza de un paro indefinido pende si no hay respuestas favorables, en un contexto donde los decretos cuestionados carecen de soportes técnicos adecuados y generan temores por despidos masivos y debilidades en la capacidad operativa. La información se basa en diálogo con Giovanni Gallo reportado por Infobae Colombia y créditos iniciales de Colprensa.
