Infobae Colombia accedió al informe de descargos presentado por escoltas tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) un día después de la captura de alias ‘Calarcá’, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, ocurrida en julio de 2024 en un retén militar situado en el sector entre Sisneros y Anori, en Antioquia. El líder armado fue liberado horas después al ser designado gestor de paz por el Gobierno, en medio de un desplazamiento colectivo de esquemas de protección del EMC hacia esa región del país.
La interceptación se dio de manera repentina cuando personal con pasamontañas, prendas militares y otros de civil armados con armas largas y cortas rodearon los vehículos, exigiendo el descenso de los ocupantes. Los escoltas se identificaron desde el interior como personal tercerizado al servicio de la UNP, sin bajar por medidas de seguridad, ya que desconocían si se trataba de grupos al margen de la ley o fuerza pública. Una vez confirmada la presencia de autoridades y policía, se coordinó el traslado al Batallón de Ingenieros Nº4 General Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia, para realizar la identificación plena de vehículos y personas.
Irregularidades expuestas y cuestionamientos al esquema de seguridad
El incidente expuso dinero en efectivo y armas en las camionetas de la UNP, lo que llevó al Gobierno a responsabilizar al esquema de seguridad por estas irregularidades. Los escoltas detallaron en su informe que nunca recibieron el nombre de las personas a proteger, ni por escrito ni verbalmente, de parte de funcionarios de protección o la UT Andinos, y que su función se limitaba estrictamente a escoltar, sin competencias para individualizar, pedir identificaciones o antecedentes, tareas reservadas a la fuerza pública.
«De forma repentina nos rodean personal utilizando pasamontañas, prendas militares, otros de civil con armas de largo y corto alcance, dispersándose a cada uno de los vehículos apuntando y exigiendo el descenso de todos los ocupantes, por tal motivo nos identificamos desde los vehículos como escoltas tercerizado al servicio de la UNP. Cabe aclarar que hasta en ese momento se desconocía quiénes nos estaban haciendo el requiriendo si eran grupos al margen de la ley o fuerza pública, por medidas de seguridad no se realizó el descenso, ya que para acceder a estos vehículos el procedimiento establece trasladarnos a un sitio seguro como una guarnición militar o de policía».
Escoltas de la UNP, informe de descargos
Órdenes internas a los escoltas prohíben inspeccionar a los protegidos, basándose en el principio de buena fe, y exigen que la UNP verifique identidades y elementos a través de sus funcionarios. Este caso revivió cuestionamientos por un escándalo que vincula a un general del Ejército Nacional y un funcionario del DNI con las disidencias Farc, mientras los escoltas han sido amenazados con despido por hablar con la prensa y piden a los altos mandos de la UNP mayor control sobre los protegidos.
«Teniendo en cuenta lo anterior es de anotar que, nunca nos entregaron el nombre de las personas que íbamos a proteger ni por escrito ni verbalmente, por ningún funcionario de protección ni por la UT Andinos, de igual manera, nunca se nos reveló cuál era exactamente nuestra función, si no solamente era escoltar».
Escoltas de la UNP, informe de descargos
«Nosotros no tenemos competencia alguna para individualizar, pedir identificaciones ni mucho menos pedir antecedentes. De igual manera esta son funciones que solo pueden ejercer la fuerza pública y que están regladas constitucionalmente, lo único que nos queda ejercer a los escoltas privados es el principio de la buena fe sobre las personas y que no es función nuestra, y si de la Unidad Nacional de Protección ejercer este control a través de sus funcionarios públicos».
Escoltas de la UNP, informe de descargos
El episodio pone en evidencia las tensiones en los esquemas de protección asignados a figuras controvertidas del EMC, en un contexto de negociaciones de paz que generan profundas divisiones sobre la legitimidad de tales medidas de seguridad financiadas con recursos públicos.
