En un acto de desesperación que captó la atención de redes sociales, la esposa del empresario Giovanni Cerón, originario de Puerto Gaitán, se encadenó frente a la sede de Bancolombia ubicada en el centro comercial Primavera Urbana de Villavicencio, Meta, durante la tarde del miércoles 18 de febrero de 2026. La protesta surgió tras el retiro no autorizado de 600 millones de pesos de una cuenta empresarial de la familia, fondos que fueron transferidos a otra plataforma bancaria sin su consentimiento. Junto a ella, se unieron el propio Cerón, su hija Karina, una empresaria local, y otros familiares, todos dedicados al emprendimiento regional, en una medida extrema para exigir la devolución del dinero.
El banco reconoció el incidente como un robo cibernético, mientras que los afectados lo describieron como un simple error, y tras la viralización de videos el 19 de febrero, procedió a abonar los fondos a la cuenta. La familia había denunciado previamente el caso ante medios locales como Noticias de Acacías y el Llano, lo que presionó a Bancolombia a emitir un comunicado confirmando su conocimiento del asunto y la atención brindada.
Protesta familiar que obliga a la devolución
La acción pública involucró a tres miembros clave de la familia Cerón, quienes bloquearon el acceso a la entidad financiera hasta obtener respuestas. Giovanni Cerón, quien planeaba participar en movilizaciones por el incremento del salario mínimo del 23,7% para 2026, lideró las declaraciones cargadas de frustración, destacando la necesidad de protestas para resolver problemas en el país.
«Hoy me paré, me encadené, se encadenó mi mujer, mi hija, me encadené yo, hijueputa, y me pagaron».
Giovanni Cerón, empresario
«Me pagaron, ahí sí sacaron la plata y venga, que sí, que, que hay un error, hay un robo cibernético y ahí sí me pagaron, pero si no me paro, no me pagan».
Giovanni Cerón, empresario
«Hay que pararse uno y emputarse para que las cosas funcionen en Colombia y si no, no tenemos ni mierda».
Giovanni Cerón, empresario
El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales el mismo 19 de febrero, coincidiendo con una denuncia similar en Medellín, y reavivó el debate nacional sobre la seguridad de los fondos de pequeños y medianos empresarios frente a vulnerabilidades cibernéticas en el sistema bancario.
