Esquema de Mancuso en UNP cuesta 200 millones mensuales, contra 45 millones promedio

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Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz, recibe un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que cuesta al Estado colombiano alrededor de 200 millones de pesos mensuales, una cifra que cuadruplica el promedio nacional de 45 millones de pesos por esquema, según reveló un informe de W Radio en diciembre de 2025 y declaraciones de Giovanni Gallo, presidente del sindicato Analtraseg, a Infobae Colombia. Esta disparidad ha generado polémica en el país, especialmente porque el esquema de Mancuso incluye ocho escoltas, tres vehículos blindados, una camioneta convencional y un chaleco de protección, mientras que los esquemas promedio suelen limitarse a dos escoltas y un vehículo.

El proceso para asignar estos esquemas inicia con la presentación de documentos de riesgo por parte del protegido, seguido de una evaluación in situ por un experto que realiza preguntas y consulta bases de datos sobre amenazas, lo que arroja un puntaje en una matriz de riesgo que determina el nivel de protección. En el caso de Mancuso, la UNP justifica el alto costo por los riesgos inherentes a sus movimientos como gestor de paz, aunque no se trata del esquema más costoso a nivel nacional. Gallo enfatizó que los protegidos no pagan un peso por estos servicios, salvo en convenios institucionales con congresistas, gobernadores o alcaldías, ya que todo sale del erario público del que reciben sus sueldos.

Desglose de costos y esquemas típicos

Los esquemas promedio en Colombia consisten en un vehículo blindado o tipo camioneta, valorado entre 13 y 16 millones de pesos mensuales, más dos escoltas que cuestan más de 11 millones cada uno, incluyendo prima y seguridad social, sin contar viáticos de hasta 15 días o tiquetes aéreos si la protección se realiza en otra región. Para casos más sencillos, la protección se reduce a un chaleco antibalas, un botón de pánico y un teléfono celular. Mancuso ha estado en el centro de controversias previas, como cuando alteró vehículos de la UNP, y ahora cumple labores como gestor de paz que exigen movilidad constante.

«El promedio de un esquema en Colombia es con un vehículo, blindado, o tipo camioneta, y dos hombres armados, ese es el más común. Hay unos sencillos, que es ya lo que es el chaleco, un botón de pánico y un teléfono celular.»

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg

La polémica se intensificó con el informe de W Radio, que expuso estos gastos en medio de críticas generales a los protegidos por usos indebidos de los esquemas, como beber alcohol, pasear innecesariamente o incluso agredir a escoltas, como ocurrió en un caso reciente. Gallo detalló que a la persona, al iniciar la ruta de protección, se le evalúa mediante visitas, preguntas y datos de amenazas para asignar el esquema adecuado según el puntaje obtenido.

«El promedio con dos hombres y el vehículo, que depende del carro (entre 13 y 16 millones mensuales), cada hombre vale más de 11 millones con todos los gastos de prima y seguridad social, fuera de esto hay que tener en cuenta que un escolta puede pedir viáticos de hasta 15 días y tiquetes aéreos en caso de que la protección sea en otra parte.»

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg

«A la persona, cuando inicia la ruta de protección, presenta documentos de riesgo y un evaluador va hasta donde la persona, hace una serie de preguntas y evalúa en bases de dato sobre amenazas e información de lo mismo, eso entra a una matriz del riesgo y arroja un puntaje, según eso, se determina el esquema que va a tener.»

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg

Frente a las cuestionamientos, la UNP defendió que «este valor es justificado por los riesgos que representa cada movimiento de Mancuso para cumplir con sus tareas como gestor de paz», subrayando la necesidad de una protección robusta en un contexto de amenazas persistentes para figuras como él en Colombia.

«Los protegidos no pagan un peso, a excepción de un convenio institucional con congresistas, gobernadores o alcaldías, pero todo sale del Estado, que es de donde reciben el sueldo, no.»

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg

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