ANÁLISIS
El Gobierno tercia en la polémica en la que está enfrascado hoy el país por cuenta de la transmisión por televisión cerrada del partido final del fútbol profesional colombiano
La inédita y soñada final que actualmente vive el fútbol colombiano, que paraliza a todos el país e involucra a sus dos mas importantes capitales, a los equipos con más historia, a las hinchadas más numerosas y expandidas por todo el territorio, y a los oncenos históricamente de mayor rivalidad, tiene hoy a los colombianos en medio de una polémica en la que hasta el Gobierno Nacional interviene.
Más allá de que el campeón sea Nacional o Millonarios, los colombianos exponen hoy sus puntos de vista en torno a si el último partido de la gran final debe o no ser transmitido por televisión abierta o cerrada.
Hoy por hoy los colombianos pagan la tarifa más cara del mundo para ver su propio fútbol a través de WinSport, empresa de la cual es socio uno de los conglomerados económicos y mediáticos más poderosos del país. Ya en el pasado, y a propósito del interés que despierta una final en el fútbol profesional colombiano, la controversia había surgido, pero no con la fuerza, el impacto y la presión que ahora logra gracias a las particularidades ya antes destacadas.
Ha sido tanta la Atención que ha despertado en el país el hecho de que estos dos equipos sean hoy los finalistas, que todo el mundo quiere verla. Sin embargo, no todos los colombianos, probablemente la gran mayoría, tienen acceso a una suscripción de WinSport+, que tiene un costo superior a 32 mil pesos mensuales, y los cableoperadores tampoco pueden ofrecerla en sus paquetes a menos que el suscriptor la pague por separado.
Por eso, desde muchos sectores se le pide hoy al gobierno que declare de interés público el evento y autorice u ordene la transmisión por televisión abierta del partido. Otros, los más conciliadores, piden que los gobiernos locales y el canal deportivo logren un acuerdo que permita instalar pantallas en sitios públicos de cada ciudad para que la gente vaya a ellos a ver el partido, lo que prácticamente está concertado.
Pero por cuenta de la polémica que está encendida en las redes sociales, que tienen a WinSport como tendencia nacional en las mismas no propiamente por su desprendimiento y generosidad, los Alcaldes de Bogotá, Claudia López, y Medellín, Daniel Quintero, quienes públicamente expusieron su interés de ubicar pantallas y adecuar escenarios en las ciudades para que la gente de manera organizada pueda ver la final, pusieron el dedo en la llaga de una situación a la que fue sometida todo el país desde que los directivos del futbol decidieron otorgar los derechos de transmisión a un canal de televisión cerrada. Antes también lo hacían, pero a los canales tradicionales y en paquetes que eran ofertados a través de los cableoperadores, por lo que no había problema de acceso alguno a toda la población.
La situación llegó a su punto más álgido cuando el mandatario de la capital antioqueña anunció que como administración van a reconsiderar el apoyo que en materia logística, de protección del orden y seguridad brindan las autoridades al espectáculo del futbol cada vez que se juega en el estadio Atanasio Girardot.
La Alcaldesa de Bogotá Claudia López dijo que “ni ponen, ni dejan hacer” y los llamó mezquinos.
El Gobierno Nacional a través del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano intervino y llama respetuosamente a los directivos de la programadora a buscar concejos acuerdos para permitir que el mayor número de colombianos ven la gran final inédita y esperada del fútbol colombiano.
Y mientras en las redes sociales sigue encendida la polémica, los medios tradicionales hacen esfuerzos para que se llegue a un consenso que permita instalar las pantallas en Medellín, lo cierto del caso es que nadie está pensando en estos momentos en los millones de colombianos que por su condición económica no verán la final por tratarse de una transmisión cerrada, que hay que pagar, pese a que evento reúne todas las condiciones para ser declarado de interés público.
Y en cuando la polémica va más allá y cuestiona esa manera como las directivas del fútbol en el país, al amparo de que se trata de un negocio privado, ignoran que se trata de un deporte de todos los colombianos, que se practica en escenarios públicos, que son del Estado, que reciben toda la proteccion y seguridad por parte de las autoridades y que, no en pocos casos, tienen conceciones y exenciones muy significativas al momento de pagar para acceder a los escenarios.
