El Estado colombiano realizó un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas por la masacre de Bojayá, ocurrida en mayo de 2002, durante una ceremonia en el antiguo centro poblado de Bellavista, en el departamento del Chocó. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, encabezó el evento, que contó con la presencia de representantes del Gobierno nacional, autoridades locales, organismos internacionales, la Fuerza Pública, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organizaciones de víctimas y comunidades afrocolombianas e indígenas. Más de dos décadas después de la tragedia, el acto buscó reconocer la falla del Estado por no haber brindado una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil, pese a las advertencias previas de la Defensoría, el Ministerio Público y organismos internacionales de derechos humanos.
La masacre de Bojayá se produjo en mayo de 2002, durante una confrontación entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el control territorial del municipio y sus zonas aledañas. Un cilindro bomba lanzado por la guerrilla impactó la iglesia de Bellavista, donde se refugiaban cientos de civiles, dejando decenas de personas muertas y heridas, y provocando el desplazamiento forzado de cerca de 10.000 habitantes. En su discurso, la defensora del Pueblo leyó un reconocimiento de falla estatal, señalando que el Estado no actuó a tiempo para evitar la tragedia, a pesar de los informes de riesgo que advertían sobre el inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales.
Deudas pendientes con las víctimas
Durante la ceremonia, Iris Marín Ortiz enfatizó que la verdad, la justicia y las garantías de no repetición continúan siendo una deuda con las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto armado. “Los jóvenes, adolescentes, niñas y niños de Bojayá y Vigía del Fuerte tienen derecho a un buen futuro, a acceder a los derechos sociales, culturales y ambientales en igualdad de condiciones que los del resto del país, sin los riesgos latentes de reclutamiento, uso y utilización”, afirmó la defensora, quien también solicitó a las alcaldías de Bojayá y Vigía del Fuerte, a las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar conjuntamente en planes estratégicos para ofrecer alternativas a la juventud y prevenir su vinculación al conflicto armado. La Defensoría del Pueblo, junto con organismos nacionales e internacionales, ha impulsado medidas de reparación individual y colectiva, acciones de memoria histórica y procesos de fortalecimiento institucional y comunitario, pero consideró que estos esfuerzos no son suficientes ante la persistencia y transformación del conflicto en la región.
“El Estado no brindó una respuesta pronta, efectiva y oportuna para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las comunidades aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales”
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
La defensora reiteró el compromiso de la Defensoría de acompañar al Comité de Víctimas Ampliado, al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) y a las comunidades indígenas en su búsqueda de justicia y reparación integral. El acto realizado en Bellavista, más de veinte años después de la masacre, representa un paso simbólico en el largo proceso de reconocimiento de las responsabilidades estatales, aunque las comunidades afectadas insisten en que las deudas de verdad, justicia y no repetición siguen sin saldarse, especialmente en un territorio donde el conflicto armado persiste bajo nuevas formas.
