Por JUAN MANUEL GALÁN*
El camino para superar la violencia no es negociar con grupos armados narcotraficantes que logran reinventarse, ganar tiempo y expandirse. Criminales a los que hoy les interesa reelegir la paz total convertida en inseguridad total. Tampoco es cambiar la Constitución del 91; más bien el compromiso de aplicarla a través de un Estado social de derecho presente en todo el territorio; fuerte, legítimo, con autoridad, capaz de proteger a la gente, impartir orden y garantizar justicia. Que escucha, dignifica y asegura igualdad de oportunidades para todos. No es el camino fácil ni el más rápido, pero es el único posible para lograr seguridad total a través de la no repetición. En definitiva, es un nuevo pacto social que nace de la integración entre el Estado, la nación, el territorio, y que restaura la dignidad de la gente. Que garantiza oportunidades y la superación de una Colombia fragmentada entre un centro que decide y una periferia que sobrevive.
¿Cómo lograrlo? El próximo gobierno debe sentar las bases fuertes de un proceso que en sucesivas administraciones logre la meta de un Estado presente no solo con la fuerza pública, sino con nutrición y afecto, justicia, salud, educación, cultura, deporte e infraestructura social construida entre, por ejemplo, la población civil y los batallones de ingenieros militares.
No se trata solo de una estadística que señale cuántas escuelas u hospitales faltan, ni de balances anuales sobre inversión pública, informes sobre pobreza monetaria, multidimensional, necesidades básicas insatisfechas, subsidios o el coeficiente de Gini. Se trata de salir del gueto. La ausencia estatal se resiente en las poblaciones ignoradas, en la indiferencia desde un privilegio centralista que no entiende su responsabilidad de que Colombia sea el tercer país más desigual del mundo en distribución de ingresos. Desde el gueto hemos sido sordos ante la angustia cotidiana de quienes deben elegir entre el silencio y el exilio, comer o pagar la luz, la resignación o la lucha por una vida digna. Restaurar la dignidad empieza por escuchar, reconocer, entender y asumir un compromiso cierto.
El debate sobre la presencia del Estado se queda en prometer “cerrar brechas” o “llegar a todo el territorio”, poco trasciende el papel de lejanos escritorios. Mientras tanto, quienes habitan las llamadas “zonas de difícil acceso” —que en realidad son zonas de fácil olvido— se inventan soluciones propias ante la ausencia de respuestas institucionales.
La dignidad debe estar en el centro de cualquier proyecto de país; no puede haber paz, ni reconciliación, ni desarrollo, donde la dignidad de las personas parece una aspiración imposible. Conectar dignifica, forma y enriquece, por eso la meta de un acceso universal a internet es posible para el próximo gobierno.
Superemos la falsa dicotomía entre el Estado y la comunidad. Los territorios no son meros objetos de intervención, sino sujetos políticos con voz y poder de decisión. Reconocer la capacidad de las comunidades para decidir sobre su destino no es una concesión, sino un acto de justicia.
Colombia necesita una presencia estatal que no se limite a operativos, que no llegue solo después de la tragedia, sino que sea constante, cotidiana y creativa. No basta con prometer. Es imperativo habitar, construir, convivir. Así, la justicia social y la dignidad territorial serán el fundamento de una nueva ciudadanía.
*Director Nacional del Nuevo Liberalismo
