Desde Bogotá, para La Veintitrés Manizales, se analizan las nuevas presiones que podría desatar Estados Unidos sobre Colombia ante la posibilidad de designar al Clan del Golfo como organización terrorista y la reciente inclusión en la Lista Clinton de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, personas consideradas cercanas al eje del poder nacional. El hecho principal toma protagonismo en un momento de fricción bilateral que combina señalamientos sobre seguridad hemisférica y cooperación antidrogas con una narrativa de presión diplomática que podría intensificarse en las próximas semanas.
En octubre, la Lista Clinton incorporó a Petro y a otros dos integrantes de su entorno, mientras que la posibilidad de incluir al Clan del Golfo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado emerge como un eje de tensión adicional. A ello se suman debates sobre las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico y la descertificación de Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas, una medida que no se registraba desde hace casi tres décadas cuando la administración Trump tomó esa decisión.
La presión sobre la relación bilateral y su alcance
La coyuntura abre un escenario en el que Estados Unidos podría combinar sanciones con una presión diplomática sostenida, en un marco de rivalidad política y de seguridad regional. En Estados Unidos se monitorea la iniciativa del Congreso, impulsada por Bernie Moreno, para designar al Clan del Golfo como terrorista extranjero y se evalúa el efecto que ello tendría sobre la cooperación con Bogotá, además de posibles repercusiones económicas y militares.
«Depende mucho de la astucia del presidente Petro. Esto puede ser un cerco al presidente Petro: o coopera, o se vienen todo este tipo de presiones» – Alejandro Bohórquez-Keeney, analista internacional
«Aquí también puede jugar un poco la imagen internacional de Colombia, porque ante todas las tensiones, el país siempre ha tratado de mostrar que no es un narcoestado» – Alejandro Bohórquez-Keeney, analista internacional
«Si coopera, puede conservar algunos canales de comunicación; si se resiste, las presiones aumentarán» – Alejandro Bohórquez-Keeney, analista internacional
«Yo me inclino a pensar que el presidente Petro va a mostrar resistencia, es lo más probable por el escenario que hemos visto» – Alejandro Bohórquez-Keeney, analista internacional
«Si el presidente Petro no alza la mano o hace algún movimiento astuto, se va a quedar aún más sofocado por las presiones del Gobierno Trump» – Alejandro Bohórquez-Keeney, analista internacional
«Colombia sigue siendo tremendamente dependiente de Estados Unidos y ahí va a venir esa presión» – Alejandro Bohórquez-Keeney, analista internacional
En este marco, el contexto refleja antecedentes de tensiones bilaterales por desacuerdos en política antidrogas, operaciones militares estadounidenses en el Caribe y Pacífico, y la histórica descertificación de Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas durante la era de la administración Trump. La noticia se sostiene ahora en la posibilidad de que el Congreso estadounidense imponga la designación del Clan del Golfo y en la batería de medidas de presión que podrían afectar la interlocución bilateral, la cooperación y el apoyo económico o militar, además de la percepción internacional de Colombia. Todo ello exige una respuesta “astuta” por parte del Gobierno para evitar un mayor aislamiento internacional.
Entre los datos secundarios, destaca una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos impulsada por Bernie Moreno para designar al Clan del Golfo como grupo terrorista extranjero. También se señala que la inclusión de Petro y sus familiares en la Lista Clinton se produce en un contexto de críticas del Presidente a las operaciones estadounidenses y de tensiones en torno a la cooperación antidrogas. Algunos analistas advierten que, más allá de efectos económicos o judiciales, el impacto principal podría ser simbólico, afectando la imagen internacional de Colombia.
En definitiva, la confluencia de antecedentes de tensiones bilaterales por políticas antidrogas divergentes y la posibilidad de nuevas designaciones y presiones diplomáticas obligan a una respuesta gubernamental que combine firmeza institucional y una estrategia de comunicación capaz de preservar la cooperación hemisférica, la seguridad compartida y la estabilidad regional, minimizando el riesgo de un aislamiento mayor para Colombia.
