En una decisión que eleva la tensión en la relación entre Colombia y Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció la suspensión de las ayudas económicas a Colombia tras la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton, designación que Washington atribuye a las «desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticas del presidente Gustavo Petro». El documento oficial señala que la certificación o revisión se realizó conforme a la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada por la Ley de Continuidad de Asignaciones del año fiscal completo de 2025, y añade que la fecha exacta de la decisión no fue especificada. En la práctica, la medida implica el cese de fondos y de programas de asistencia técnica destinados a combatir problemáticas descritas en el marco de esa legislación.
El anuncio detalla que el actor central es Gustavo Petro, presidente de Colombia, acompañado por la figura del secretario de Estado, Marco Rubio, quien supervisa el proceso en el Departamento de Estado. En el texto se especifica que la decisión corresponde a la suspensión de ayudas económicas y que Petro figura en la Lista Clinton, junto con referencias a su esposa y a uno de sus hijos, además de Armando Benedetti, ministro del Interior. En el mismo contexto se mencionan otros nombres en la Lista Clinton, como Nicolás Maduro, Bashar al-Ásad y Roman Abramovich, y se cita a América de Cali por vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela. La explicación técnica recuerda que la Lista Clinton, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, designa a personas o empresas con nexos al narcotráfico o al lavado de activos para sancionar, bloquear activos y prohibir transacciones.
Contexto y posibles efectos
La base legal y el marco institucional de la medida descansan en la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada por la Ley de Continuidad de Asignaciones para el año fiscal completo de 2025. En ese mismo contexto, OFAC publicó una lista preliminar de sancionados que incluye a Petro y a otros nombres citados en el anuncio. La decisión llega en un momento de tensión diplomática entre ambas naciones, con episodios públicos que han generado fricción y un episodio en Nueva York relacionado con órdenes dirigidas hacia fuerzas armadas de Estados Unidos, lo que alimenta un ambiente de confrontación entre las administraciones. En Colombia, la oposición critica la posible afectación de la imagen internacional del país y se analizan posibles impactos en la cooperación antidrogas y en la asistencia técnica que se venía brindando desde Washington.
«el secretario de Estado, Marco Rubio, no certificará a Colombia conforme a los criterios de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada por la Ley de Continuidad de Asignaciones del año fiscal completo de 2025» – Marco Rubio, Secretario de Estado
Entre las reacciones y referencias en el ámbito público se destacan comentarios atribuidos a figuras de alto perfil político estadounidense, incluyendo declaraciones de Donald Trump que fueron citadas en el marco de la discusión, entre ellas que habría identificado a Petro como un posible «líder del narcotráfico», describió la cooperación antidrogas como el «mayor negocio del país» y se refirió a la relación como una posible «estafa a largo plazo». Estas palabras, recogidas en el contexto de la cobertura, se suman al clima de controversia que acompaña a la designación y a la suspensión de ayudas, intensificando el escrutinio sobre la política antidrogas y las alianzas regionales.
La consecuencia inmediata de esta decisión es el cese de fondos y programas de asistencia técnica para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y otros problemas descritos en el marco de la Ley. En Colombia, la medida provoca cuestionamientos sobre la imagen internacional y plantea la necesidad de buscar vías alternas de cooperación para mantener la operatividad de programas de seguridad, control de drogas y lavado de activos. A la vez, la Administración Petro deberá afrontar la presión de revisar sus políticas internas y su traducción en la arena internacional, ante un escenario donde la cooperación antidroga y la asistencia técnica podrían verse afectadas por una reducción de recursos provenientes de Washington.
