Colombia vivirá un momento histórico con la lectura del sentido del fallo en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La decisión estará a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
El juicio, que se ha extendido por más de una década desde que se abrió la investigación en 2012, se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes del país. En este se ha acusado al exmandatario de presuntamente intentar manipular testigos para desacreditar al senador Iván Cepeda, quien inicialmente había señalado vínculos de Uribe con grupos paramilitares.
Durante los últimos meses, se desarrolló un extenso juicio oral con más de 60 audiencias y cerca de 75 testigos, entre ellos el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, pieza clave del proceso, y figuras del entorno cercano al expresidente. El debate jurídico ha incluido las intervenciones de la Fiscalía, la Procuraduría, la defensa y las víctimas.
La audiencia de este lunes no será aún la lectura de una sentencia completa, sino el anuncio de si Uribe será absuelto o declarado culpable. En caso de una condena, el proceso entrará en fase de individualización de la pena; si hay absolución, la parte civil y la Fiscalía podrán apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Desde distintos sectores políticos y sociales, el país ha seguido de cerca el caso. Mientras la Procuraduría pidió la absolución del exmandatario, la parte civil encabezada por Cepeda sostiene que existen pruebas suficientes para una condena. Por su parte, la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, ha denunciado presiones políticas y calificado el proceso como un caso de lawfare.
El presidente Gustavo Petro ha manifestado públicamente su disposición a respetar el fallo, aunque sus recientes declaraciones generaron polémica al ser interpretadas como una forma de presión a la justicia, lo que Uribe también ha denunciado.
De declararse culpable, Uribe podría convertirse en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, hecho que tendría profundas repercusiones políticas de cara a las elecciones de 2026. En cualquier escenario, la decisión judicial marcará un hito en la historia institucional del país y en la relación entre justicia y poder político en Colombia.