Un estudio realizado por economistas e investigadores de la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana, liderado por Paul Rodríguez y Mayra Saenz, junto a Luis Fernando Gómez y Mercedes Mora, y respaldado por el Global Food Research Program de la Universidad de Carolina del Norte, ha descartado cualquier impacto negativo de los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, así como del etiquetado frontal obligatorio, en el empleo y las empresas colombianas entre 2022 y 2024. Esta investigación, publicada a inicios de diciembre de 2025, contradice las advertencias de gremios como la ANDI y Fenalco, que pronosticaban caídas en ventas, despidos masivos y cierres de negocios. Los expertos evaluaron los efectos en el mercado laboral utilizando metodologías rigurosas como comparaciones antes y después de las políticas, contrastes entre sectores y modelos de control sintético, basados en datos de la fuerza laboral nacional.
Los resultados muestran cambios mínimos y no sistemáticos en empleo, ingresos e informalidad, estadísticamente indistinguibles de cero, mientras que en el sector de bebidas se registró incluso un aumento de cerca de una hora más por semana en las horas trabajadas, un efecto más visible entre mujeres, trabajadores rurales y ocupaciones administrativas. No se observaron caídas significativas en empleo, ingresos ni informalidad, y la proporción de trabajadores sin seguridad social se mantuvo estable. Las empresas, particularmente en el sector de bebidas, adaptaron sus operaciones produciendo sustitutos como bebidas sin azúcar, sin recurrir a despidos masivos ni reducciones salariales.
Las políticas de salud alimentaria no amenazan la estabilidad empresarial
Estas medidas, implementadas desde 2022 para los impuestos saludables y en noviembre de 2023 para el etiquetado frontal, fueron diseñadas con evidencia internacional y consensos entre academia, sociedad civil y el Ministerio de Salud, precisamente para contrarrestar las alertas de los gremios sobre perjuicios en manufactura, comercio, distribución y hogares de bajos ingresos. La evidencia del estudio permite una transformación de la industria hacia productos más saludables sin generar crisis laboral, aunque los investigadores advierten que se necesitan más datos para evaluar efectos a largo plazo.
«las políticas de salud alimentaria pueden coexistir con la estabilidad laboral y empresarial, permitiendo avanzar hacia un consumo más saludable sin perjudicar a la industria»
Paul Rodríguez, economista de la Universidad del Rosario
«la evidencia sugiere que, en el corto plazo, las empresas no ajustaron su operación a través de despidos masivos ni reducciones salariales»
Mayra Saenz, investigadora de la Universidad del Rosario
En palabras de Paul Rodríguez, estas políticas permiten «avanzar hacia un consumo más saludable sin poner en riesgo la estabilidad empresarial». Así, el informe refuerza la viabilidad de estrategias públicas para promover hábitos alimenticios más sanos en Colombia, demostrando que la salud pública y el crecimiento económico pueden avanzar de la mano.
