La exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer, formalizó su defensa legal al designar a los abogados María Soledad Morales Torrejano y Johnny Batalla Mena, de la firma María Morales, Henao Abogados y Asociados, para representarla en las actuaciones derivadas de sus denuncias públicas contra la exprimera dama Verónica Alcocer, a quien señaló de integrar una presunta red con intereses económicos y políticos. La designación se produce después de que Ferrer realizara estas acusaciones en una entrevista con Revista Semana, lo que motivó a la Procuraduría a citarla a declarar, y en un contexto donde la exfuncionaria busca respaldo jurídico ante los organismos de control colombianos y autoridades internacionales competentes.
En un comunicado emitido por el bufete, los abogados Morales Torrejano y Batalla Mena precisaron que su intervención se limitará a las actuaciones ante los organismos de control del Estado colombiano y, en caso de eventuales delitos transnacionales, ante las autoridades internacionales pertinentes. La defensa condicionó su trabajo a criterios de independencia, rigor técnico y racionalidad probatoria, señalando que «la intervención profesional estará presidida por la independencia, el rigor técnico y la racionalidad probatoria. Esto exige distinguir los hechos de las hipótesis, evaluar críticamente la pertinencia y fiabilidad de las fuentes, y sustentar toda inferencia en información verificable y susceptible de corroboración».
Contexto de las acusaciones
Eva Ferrer se desempeñó como consejera presidencial para la Reconciliación durante el gobierno en el que Verónica Alcocer ocupó el rol de primera dama, una posición desde la cual la ahora denunciante habría tenido acceso a información privilegiada sobre presuntas irregularidades. Los señalamientos que Ferrer reveló en la entrevista con Revista Semana apuntan a una supuesta red de intereses económicos y políticos tejida por Alcocer, lo que desencadenó la reacción de la Procuraduría, que citó a la exconsejera a rendir versión libre. El caso, que aún se encuentra en desarrollo, ha generado expectativas sobre posibles implicaciones legales y políticas, mientras la defensa de Ferrer se prepara para enfrentar las instancias judiciales y de control con el enfoque técnico y probatorio anunciado en su comunicado.
