Varios exmiembros del grupo guerrillero M-19, que han ocupado cargos clave en el gobierno de Gustavo Petro desde su posesión en agosto de 2022, han sido señalados en graves escándalos de corrupción, han sido despedidos de manera anticipada o se encuentran prófugos de la justicia. Entre ellos destacan figuras como Carlos Ramón González, exjefe de la Dirección de Apoyo Presidencial (Dapre) y del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), quien radica actualmente en Centroamérica evadiendo las autoridades; César Manrique Soacha, mencionado en las investigaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Olmedo López, pieza clave en esa misma entidad; Manuel Alberto Casanova Guzmán, exdirector del DNI; Jorge Lemus, exfuncionario del DNI y actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf); Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP); René Guarín, funcionario del DNI; y Luis Eduardo Parra, presidente de Hocol, filial de Ecopetrol.
Estos exguerrilleros han estado vinculados a escándalos como la compra irregular de carrotanques destinados a La Guajira en la UNGRD, filtraciones de computadores sensibles, presuntas conexiones con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y salidas forzadas de cargos por investigaciones relacionadas con el canciller Álvaro Leyva y otras filtraciones. Petro, quien también fue miembro del M-19, integró a varios de sus excompañeros de armas en entidades estatales clave como el DNI, la Dapre, la Uiaf, la UNP, la UNGRD y Hocol, lo que ha generado controversia durante su mandato.
El contexto histórico del M-19 y sus repercusiones actuales
El M-19 surgió en 1970 tras un fraude electoral y se destacó por acciones espectaculares como el robo de la espada de Bolívar, la toma de la embajada de República Dominicana y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, que dejó más de cien muertos, incluyendo once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El grupo firmó un acuerdo de paz en marzo de 1990, se transformó en la Alianza Democrática M-19 y participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Aunque Olmedo López no combatió directamente en el M-19 sino en la Alianza Democrática, y Petro ha negado cualquier vínculo guerrillero de César Manrique Soacha, los escándalos han salpicado a varios de ellos. Augusto Rodríguez ha sido señalado en las indagaciones por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, mientras que Jorge Lemus podría ser reemplazado en la Uiaf por Wilmar Mejía, vinculado a la filtración de computadores en el caso «Calarcá» relacionado con disidencias de las EMC de las Farc.
A pesar de las salidas y las sombras de corrupción, tres exmiembros del M-19 continúan en cargos públicos: Augusto Rodríguez en la UNP, René Guarín en el DNI y Luis Eduardo Parra al frente de Hocol, en un gobierno que prometía renovación pero enfrenta el peso de su propio pasado guerrillero.
