Karen Santos, ex pareja del empresario del entretenimiento Ricardo Leyva Páez, ha denunciado públicamente haber sufrido violencia física, psicológica y económica durante cinco años de relación, según un detallado relato publicado en la entrevista de la revista Cambio el domingo 30 de noviembre. La denuncia, respaldada por pruebas documentales como fotografías, videos y registros, describe un ciclo de abusos que inició tras un reencontro en un restaurante de Cartagena, donde Santos regresaba de Australia, y se intensificó después de que ambos se mudaran juntos en Colombia, poco después de sus respectivos divorcios.
Leyva Páez, con más de 40 años en el sector del entretenimiento, ha construido una destacada trayectoria que incluye su formación como odontólogo, profesión que no ejerció, una columna titulada “Los Triunfadores” en el periódico El Tiempo durante los años 80, y la organización de conciertos de figuras internacionales como Celia Cruz, Elton John, Paul McCartney y Aerosmith. A través de sus empresas, Ricardo Leyva Producciones y Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., ha obtenido contratos significativos, como el adjudicado por Rtvc por 7.968 millones de pesos para la producción de un evento en el marco de la Celac 2025, programado para octubre de 2025, sin licitación pública según reveló Cambio.
Investigaciones judiciales y escrutinio público
La revelación pública de estos hechos ha generado un mayor escrutinio sobre la trayectoria empresarial de Leyva Páez y sus vínculos políticos, en un momento en que enfrenta varias investigaciones judiciales. La Corte Suprema de Justicia realizó un allanamiento en su residencia en Lagos de Caujaral, mientras que la Fiscalía abrió una indagación en noviembre de 2025 por posibles trueques de bienes con Armando Benedetti, actual ministro del Interior. Estos antecedentes suman presión a un perfil ya controvertido en el ámbito del entretenimiento colombiano.
“Grabé por si algún día me encontraban muerta”
Karen Santos, en entrevista con Cambio
La denuncia de Santos no solo expone las dinámicas de violencia intrafamiliar en relaciones de alto perfil, sino que invita a reflexionar sobre la responsabilidad de figuras públicas en el sector privado y sus conexiones con el Estado, en un contexto donde contratos millonarios y procesos judiciales se entrecruzan, demandando transparencia y justicia en Colombia.
