Juan Sebastián Montoya Cardona, ex subdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y exinspector de la Policía de Bello durante cinco años, se fugó el lunes 19 de enero alrededor de las 9:00 de la mañana mientras era trasladado bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde la Cárcel Departamental de Yarumito, en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, para una cita médica. El condenado a diez años de prisión por corrupción evadió la vigilancia de sus custodios y no regresó al centro penitenciario, con el reporte de la fuga llegando a la Policía de Bello cerca de las 4:00 de la tarde, lo que representa un retraso de siete horas en la notificación.
Montoya Cardona había sido capturado en mayo de 2023 por un esquema de corrupción en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bello, donde fue condenado por concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y prevaricato. Antes de su detención, ocupó temporalmente la subdirección de la Uiaf a finales de 2022 y aspiraba a la Alcaldía de Bello, cargo que quedó truncado por las investigaciones en su contra. La custodia durante el traslado correspondía a autoridades locales de Itagüí y regionales de Antioquia.
Investigación activada y vínculos controvertidos
Las autoridades penitenciarias, administrativas y penales iniciaron de inmediato una investigación por la evasión, con protocolos de búsqueda activados ante la condición de prófugo de Montoya Cardona. Además, está vinculado a redes de influencia en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo que llevó a la Procuraduría a abrir una indagación el 13 de mayo de 2024 contra su jefe, Luis Eduardo Llinás Chica.
“¡Qué tan casual, se les voló Juan Sebastián Montoya Cardona! (…). Este señor estaba siendo custodiado por policías que reportaron la fuga 7 horas después. ¡Que tan casual todo! Justo en el momento más álgido sobre las cuentas del presidente, quien se reputa de estar limpio“
Claudia Carrasquilla Minami, concejala de Medellín
El caso genera interrogantes sobre la seguridad en los traslados penitenciarios y los nexos políticos del fugitivo, mientras las autoridades intensifican los esfuerzos para su recaptura en medio de un contexto de escrutinio público por presuntos manejos irregulares en entidades clave del Estado.
