En la zona rural del kilómetro 30 de Dagua, Valle del Cauca, Wilmer Noguera España, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue hallado sin vida el 27 de octubre de 2025 tras ser interceptado alrededor de la 1:30 p. m. cuando salía de estudiar. Su acompañante fue liberado posteriormente, sin que hasta el cierre de esta edición se hayan reportado nuevas víctimas en el hecho.
El caso se inscribe en un patrón de violencia contra excombatientes que optaron por reintegrarse a la vida civil. Wilmer Noguera España era reconocido por su papel como firmante del proceso y, con su muerte, suman 35 los firmantes asesinados en 2025, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uber Noguera, hermano de Wilmer y también excombatiente, fue asesinado en agosto de 2024 en el mismo municipio de Dagua, lo que agrava la preocupación por la seguridad de quienes participaron en el proceso de reinserción. El ataque de hoy habría sido perpetrado por sujetos desconocidos que operan en una región donde, según las autoridades, conviven frentes disidentes de las FARC, como el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental, junto con diversas bandas locales.
Subtítulo
La Defensoría del Pueblo, en su alerta AT 013/25, ya situaba a Dagua entre territorios que requieren acción urgente, advirtiendo sobre el riesgo de violaciones a derechos humanos debido a la gobernanza ilegal de grupos armados. Este marco de vulnerabilidad se suma a la advertencia contenida en AT 036/23 sobre peligros para la población civil por las acciones de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos en Dagua y Jamundí. Las cifras de la JEP señalan que desde 2016 han sido asesinados 460 exguerrilleros, una métrica que subraya la magnitud de los crímenes contra quienes decidieron emprender una vida civil y que exige respuestas institucionales contundentes para proteger a estas personas y avanzar en la verdad y la justicia del proceso de paz.
«Es un dato muy preocupante. La sección en la que yo trabajo ha adoptado medidas para protegerlos, porque entendemos que cada guerrillero asesinado supone no solamente llevarse la verdad que tenía que dar a las víctimas, sino también un ataque contra futuros procesos de paz» – Alejandro Ramelli, Presidente de la JEP
Este nuevo episodio se enmarca en una continuidad de violencia contra quienes eligieron la reinserción y subraya la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de las personas y sus familias, así como para preservar la integridad de los procesos que buscan avanzar hacia la reconciliación en una región marcada por la presencia de frentes disidentes y bandas criminales.
