El exdiputado del Valle del Cauca y víctima del secuestro por parte de las Farc, Sigifredo López, denunció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contrató a Marcelina Condomí, una persona que, según sus declaraciones, fue condenada por corrupción y se encuentra inhabilitada de por vida para celebrar contratos con el Estado. López advirtió que esta situación podría configurar el delito de celebración indebida de contratos y señaló al director ejecutivo de la JEP, quien sería reelegido en el cargo dentro de veinte días, como el responsable de estas presuntas irregularidades.
En su denuncia, López detalló que la Dirección Ejecutiva de la JEP suscribió dos contratos millonarios: uno por cuatro mil millones de pesos para la socialización de una consulta previa y otro por dos mil doscientos millones de pesos para socializar la Ley Estatutaria 1957 de 2017, norma que reglamentó el funcionamiento de la misma jurisdicción. “Es tan grande el abuso que comete la Dirección Ejecutiva con el presupuesto y la plata de los colombianos y de las víctimas, que contrataron con una señora, Marcelina Condomí, condenada por corrupción e inhabilitada de por vida para contratar con el Estado”, afirmó el exdiputado.
Las acusaciones de Sigifredo López
Sigifredo López, quien fue secuestrado por las Farc durante su paso por la Asamblea Departamental del Valle, ha sido una voz crítica dentro del proceso de justicia transicional. En esta oportunidad, aseguró que los contratos firmados con Marcelina Condomí constituyen un delito que debe ser investigado por la Fiscalía y la Procuraduría. “Y eso es un delito que se llama celebración impedida de contratos, que tiene que investigar la Fiscalía, que tiene que investigar la Procuraduría. Y a ese señor que contrató, dentro de veinte días lo van a reelegir como director ejecutivo para que siga el carnaval del desfalco en la JEP con la plata de las víctimas y la plata de los colombianos”, declaró López, visiblemente indignado.
El denunciante también hizo referencia al contexto financiero de la JEP, mencionando que el avalúo comercial estimado para su sede en 2026 alcanza los 288 mil 538 millones de pesos, mientras que su valor catastral en 2020 era de apenas 20 mil 975 millones de pesos. Además, criticó que la entidad continúe en arriendo debido a que los proyectos de compra fueron objetados tanto por el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque como por el Departamento Nacional de Planeación en la administración de Gustavo Petro.
Respuesta de la JEP
Frente a estas denuncias, la JEP emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente las afirmaciones de Sigifredo López. La jurisdicción aseguró que, tras siete auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y catorce informes emitidos por la Procuraduría General de la Nación, no se han registrado hallazgos de corrupción ni de otro tipo en sus gestiones. “La JEP no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo”, afirmó la entidad, que además destacó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la describió como un ejemplo de transparencia pública a nivel internacional.
La JEP también informó que su presupuesto para 2025 registró un cumplimiento del 99,3 por ciento y defendió los viajes internacionales de sus magistrados, señalando que responden a invitaciones oficiales y a actividades judiciales relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la implementación del Acuerdo Final de Paz. Hasta el momento, ni la Contraloría ni la Procuraduría se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia específica de Sigifredo López en torno a la contratación de Marcelina Condomí, pero el caso ya genera un fuerte debate sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la justicia transicional en Colombia.
“Contrataron cuatro mil millones de pesos para socializar una consulta previa y luego hicieron otro contrato por dos mil doscientos millones de pesos. Platas que se las gastaron en una supuesta socialización de la ley estatutaria número diecinueve cincuenta y siete del año diecisiete, que fue la que reglamentó el funcionamiento de la JEP”
Sigifredo López, exdiputado del Valle y víctima del conflicto armado
