El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, fue grabado el pasado sábado 7 de noviembre utilizando una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para transportar materiales de construcción en el sur de Bogotá, a pesar de que el vehículo y el escolta asignado le fueron restituidos mediante una acción de tutela por presuntos riesgos de seguridad. Las imágenes, que fueron publicadas dos días después del incidente, muestran a Lemus recorriendo establecimientos en el sector de Santa Lucía, una zona comercial dedicada a la venta de pisos, baldosas y techos, mientras trabajadores y su propio escolta cargaban paneles de construcción en el interior del vehículo blindado, que se encontraba estacionado de manera irregular en la vía pública.
El caso fue denunciado por el Representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien señaló directamente a Lemus por el uso indebido de los recursos de la UNP. «Este es Jorge Lemus, exdirector del DNI de Petro usando una camioneta de la UNP como vehículo de acarreo», afirmó el congresista, quien además fue contundente en su crítica al sistema de protección oficial: «La UNP debe desaparecer» y «los políticos deben entregar esas camionetas». En sus declaraciones, Briceño también expresó que «no se pueden seguir pagando lujos con el sufrimiento de la gente», en referencia al costo que representa para el Estado este tipo de esquemas de seguridad.
La tutela que restituyó el esquema de seguridad
Para entender cómo Lemus llegó a disponer de este vehículo, es necesario remontarse a septiembre de 2026, cuando la UNP decidió suspender su esquema de protección tras concluir que el exfuncionario ya no reunía las condiciones de riesgo requeridas para mantener la escolta y el vehículo blindado. Lemus, quien también fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el gobierno de Gustavo Petro, presentó entonces una acción de tutela argumentando que seguía expuesto a peligros derivados de la información sensible que manejó en los organismos de inteligencia, así como por sus contactos con personas vinculadas a estructuras criminales en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Ejecutivo.
Sin embargo, las imágenes que evidencian el uso particular de la camioneta blindada para transportar materiales de construcción se conocieron justo antes de que el juez emitiera el fallo de fondo sobre la tutela. La justicia consideró que la conducta de Lemus, al utilizar el vehículo oficial para fines personales y ajenos a cualquier situación de riesgo, contradecía directamente el nivel de peligro que él mismo había invocado para solicitar la protección. En consecuencia, el juez ordenó retirar el esquema de seguridad asignado, dejando sin efecto la tutela que inicialmente le había devuelto los beneficios.
Los antecedentes de la DNI bajo la gestión de Lemus
La gestión de Jorge Lemus al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia no es ajena a la controversia. La entidad estuvo marcada por denuncias de seguimientos ilegales, múltiples irregularidades administrativas y la presunta contratación de un hacker con el objetivo de interferir en procesos electorales. Una auditoría forense realizada en su momento encontró indicios de la existencia de una estructura paralela de contrainteligencia al interior de la DNI, lo que agravó aún más el escándalo en torno a su administración.
Este nuevo incidente se suma a otro caso reciente relacionado con la DNI, que involucra a Carlos Andrés Oyola, un ingeniero de sistemas que trabajó en la entidad y fue capturado en Neiva. Documentos reservados lo vinculan con el acceso no autorizado a bases de datos estatales y la coordinación de una supuesta red que, según las investigaciones, buscaba alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio mediante ataques informáticos contra la Registraduría Nacional. Por el momento, no se conoce una explicación pública por parte de Lemus sobre el uso del vehículo de la UNP para transportar los paneles de construcción, ni tampoco un pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección sobre una eventual revisión administrativa de este caso. Según información publicada por la revista Semana, el vehículo blindado que utilizaba Lemus era alquilado por la UNP a una empresa contratista, lo que añade un nuevo elemento al debate sobre los costos y el control de los esquemas de seguridad asignados a exfuncionarios públicos.
«No se pueden seguir pagando lujos con el sufrimiento de la gente»
Daniel Briceño, Representante a la Cámara por Bogotá
