Mónica Higuera, hasta recientemente directora de la Unidad Reguladora Financiera del sector real o URF, renunció a su cargo tras resistirse a las presiones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, para acelerar un decreto que obligara a las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP a repatriar fondos pensionales invertidos en el extranjero. En una entrevista reciente con el diario El Tiempo, Higuera reveló que Ávila insistió en tramitar un proyecto impulsado por el superintendente financiero César Ferrari a través de la Secretaría de Hacienda, pese a que la URF es la única entidad autorizada para presentar iniciativas ante el Consejo Directivo. Esta controversia involucra también al presidente Gustavo Petro, quien supuestamente dio la orden directa, y al viceministro técnico Leonardo Pazos, en un contexto de tensiones en entidades como la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda en Colombia.
Las presiones se materializaron en llamadas telefónicas y reuniones donde Ávila exigió repatriar 125 billones de pesos en solo seis meses, una cifra que representa la mitad del total de 250 billones de pesos en ahorros pensionales invertidos fuera del país y que afecta potencialmente a millones de trabajadores. Higuera argumentó la imposibilidad técnica de esta medida, destacando la falta de liquidez y profundidad en el mercado colombiano para absorber tal magnitud, además de las restricciones de los portafolios en riesgo moderado y alto, invertidos en múltiples monedas y regiones. Este reclamo surge en medio de la suspensión de la Ley 2381 y una revisión pendiente en la Corte Constitucional, lo que agrava la incertidumbre en el gobierno de Petro.
Presiones y riesgos para los ahorros de los trabajadores
Higuera detalló que la iniciativa de Ferrari representó una extralimitación, ya que ni el superintendente ni sus delegados, ni Hacienda, tienen competencia para impulsarla directamente. La exdirectora desarrolló una propuesta alternativa viable política, jurídica y económicamente, pero esta fue rechazada en el Consejo Directivo. Petro reconoció públicamente en redes sociales la imposibilidad de la repatriación forzada y abrió la puerta al diálogo con las AFP, aunque el proyecto podría avanzar con modificaciones y mayor vigilancia. Tras la renuncia, Larisa Caruso, proveniente del Ministerio de Comercio y la DIAN, fue designada como nueva encargada de la URF tras una consulta de hojas de vida.
“Insistió en traer 125 billones de pesos en seis meses. Le expresé que eso era imposible; me dijo que era una orden del Presidente”
Mónica Higuera, exdirectora de la URF
“No hay liquidez ni profundidad en el mercado colombiano para absorber una suma de esa magnitud. Además, estos recursos se encuentran en portafolios de riesgo moderado y alto, no son fácilmente liquidables; están en múltiples monedas, diversas regiones y tienen restricciones”
Mónica Higuera, exdirectora de la URF
La salida de Higuera pone en evidencia las fricciones internas en el gobierno Petro por esta política de repatriación, calificada por la exfuncionaria como riesgosa para los ahorros de los trabajadores y nacida del desconocimiento.
“Sí, como estaba planteado era un riesgo para los ahorros de los trabajadores. Era una propuesta hecha desde el desconocimiento y era inviable”
Mónica Higuera, exdirectora de la URF
Este episodio subraya la complejidad de regular los 250 billones de pesos en fondos pensionales externos y las tensiones entre reguladores y el Ejecutivo en Colombia.
