El exfiscal Luis Gustavo Moreno, testigo clave en el entramado judicial conocido como el ‘cartel de la Toga’, declaró en el juicio contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, que se realizaron gestiones para desviar o retardar la investigación relacionada con el contrato de las bibliotecas. Según su testimonio, rendido en la audiencia del miércoles 30 de septiembre de 2026, los pagos destinados a estas maniobras ascendieron a 600 millones de pesos. El expediente se refería a un contrato por 1.076 millones de pesos firmado en 2010 entre la Gobernación del Valle y la Fundación Calimio para dotar 40 bibliotecas escolares, un proceso que el exfuncionario buscaba frenar mediante contactos con altos operadores de la justicia.
Moreno detalló que las gestiones para obstaculizar el caso comenzaron cuando se contactó al entonces fiscal Alfredo Bettín para retrasar el proceso. Inicialmente, se intentó cancelar una imputación, pero luego se optó por dilatar el trámite, fijando un interrogatorio para finales de 2016. En este esquema participaron figuras como Francisco Javier Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, cuya oficina era conocida por las influencias y presiones que ejercía en la administración de justicia. Luego, con la intervención de Leonidas Bustos, también expresidente de la Corte Suprema, se acordó que este asumiera la representación del caso, con honorarios que inicialmente fueron de 400 millones de pesos y que, tras su llegada, se incrementaron a 600 millones.
«El doctor Leonidas acordó asumir la representación en ese caso. No podría decir si asumió la representación de los demás procesos, porque la preocupación era el caso de las bibliotecas. De hecho, si no mal recuerdo, lograron fijar una fecha de interrogatorio. Incluso, el mismo doctor Juan Carlos Abadía me manifestó su inconformidad porque había un abogado, el doctor José Eduardo Saavedra, que lo acompañó y le estaba ayudando a estructurar lo que sería la línea de defensa. El mismo doctor Juan Carlos me dijo: ‘Oiga, Gustavo, hable con el doctor Leonidas, porque este tipo no tiene ni idea de contratación estatal’. Se programó una fecha de interrogatorio, creo que para finales de 2016»
Luis Gustavo Moreno, exfiscal
El ‘cartel de la toga’ fue una estructura de corrupción judicial revelada en 2017 tras la captura de Moreno, quien entonces dirigía la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción. Moreno se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía, y sus declaraciones involucraron a funcionarios, exmagistrados, congresistas y abogados, aunque no todas las acusaciones terminaron en condenas. En este caso, es el último testigo presentado por el ente acusador en el juicio contra Abadía, quien ya fue condenado a 21 años de prisión por cohecho por dar u ofrecer. Otras sentencias derivadas de este entramado incluyen la condena de Moreno a 4 años, 10 meses y 15 días dictada en marzo de 2018, la de Ricaurte a 16 años y 5 meses, y la de Gustavo Malo a 9 años de prisión.
Traslado y contexto del juicio
En el mismo mes de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de Abadía desde la Escuela de Carabineros de la Policía hacia la cárcel de Villahermosa en Cali para cumplir su condena. Durante este proceso, según De la Espriella, se simuló un episodio cardíaco, mientras que el exgobernador había recibido atención en una unidad de salud mental de Cali bajo custodia del Inpec antes de su traslado. Las gestiones para frenar la investigación se vieron afectadas con la llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, quien ordenó acelerar las imputaciones contra aforados constitucionales, lo que marcó un giro en el caso que hoy expone las complejas redes de corrupción en la justicia colombiana.
