Angie Lizeth Rodríguez, quien hasta hace poco se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y secretaria general de la Presidencia de Colombia, denunció un allanamiento a su vivienda en el barrio Los Molinos de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá, ocurrido en la madrugada del viernes 21 de noviembre. Según su relato, cinco hombres vestidos de civil ingresaron por la terraza del tercer piso de su hogar entre las 2:00 a.m. y las 3:17 a.m., un hecho que ella califica como un acto de intimidación orquestado por personas dentro y fuera del entorno presidencial, justo después de su salida del Gobierno de Gustavo Petro, quien le solicitó la renuncia.
El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda, y Rodríguez enfatizó que los individuos no actuaban como delincuentes comunes. En su primera aparición pública desde la destitución, la exfuncionaria compartió un video de aproximadamente seis minutos en el que detalla el suceso y acusa directamente de amenazas a la seguridad de su familia y la suya propia, vinculándolo a su reciente separación del equipo presidencial, donde había sido una de las personas más cercanas al mandatario.
Contexto de la salida y denuncia pública
La renuncia de Angie Lizeth Rodríguez fue solicitada directamente por el presidente Gustavo Petro, marcando el fin de su rol en uno de los cargos más sensibles del Ejecutivo. Este allanamiento representa no solo un presunto atentado a su privacidad, sino también un episodio que genera interrogantes sobre posibles represalias políticas en medio de las tensiones internas del Gobierno.
“Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general de la Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”
Angie Lizeth Rodríguez, saliente directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia
La denuncia, hecha pública a través de un video, pone en el centro del debate la seguridad de exfuncionarios cercanos al presidente Petro y abre la puerta a investigaciones sobre posibles vínculos con entornos gubernamentales, en un momento en que el Gobierno enfrenta escrutinio por sus dinámicas internas.
